Un subsecretario en el ojo del huracán, el pago de 27.3 millones de dólares a trabajadores inactivos y dudas sobre si implementar las clases presenciales en la Isla, así como un pasado con responsables ante la justicia han sumido al Departamento de Educación en una profunda crisis.

La principal agencia gubernamental de Puerto Rico -por empleados y presupuesto- presenta este martes un buen número de interrogantes sobre el futuro de este departamento que en los últimos años ha visto como iba deteriorándose progresivamente.

El último episodio que siembra dudas sobre la gestión de la agencia es la figura de su nuevo subsecretario, Héctor Joaquín Sánchez, de cuya trayectoria se hacen eco hoy medios locales.

Sánchez es el antiguo representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La prensa de la isla subraya que la vuelta de Sánchez a Educación, donde se había desempeñado durante muchos años con anterioridad, se debe a sus lazos con el gobernador.

Son apuntadas además hipotéticas irregularidades durante el desempeño de su función pública que incluiría una controvertida gestión de fondos públicos, problemas con sus colaboradores y un supuesto comportamiento inapropiado de índole sexual.

Rechaza irregularidades

Sánchez negó esas supuestas irregularidades y manifestó que no hay en Educación registro alguno que prueben esas acusaciones.

La figura de Sánchez en la agencia es solamente uno más de los asuntos que tienen en el punto de mira a Educación, como que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad federal impuesta por el Congreso en Washington al Ejecutivo para atender el asunto de la deuda, aprobara la pasada semana retener 27.3 millones de dólares del presupuesto de Educación hasta que se implemente un sistema de control de asistencia para los empleados.

La JSF dio a conocer que Educación continúa pagando el salario a cientos de empleados a pesar de están inactivos o no muestran evidencia de que trabajan.

Pago de $84 millones a empleados inactivos

La JSF ya había denunciado el pasado año que Educación pagó cerca de 84 millones de dólares en salarios a empleados inactivos y fallecidos, que pudo evitarse si la agencia exigiera a sus empleados reportar las horas trabajadas.

Educación ha vivido durante los últimos años otros episodios que han puesto en evidencia su gestión, en especial debido a los problemas con la justicia de la exsecretaria Julia Keleher por irregularidades en la concesión de contratos.

El juez Francisco Besosa decidió que permanecerán como evidencia los correos electrónicos de Keleher, con los cuales la Fiscalía federal fundamentó las acusaciones que la sometieron a la justicia en 2020.

Keleher había solicitado que los correos electrónicos fueran descartados como evidencia en junio y, si hubiera tenido éxito, las acusaciones de 2020 podrían haber sido desestimadas.

La base de la impugnación es que los agentes habían obtenido los correos electrónicos como parte de su investigación para la primera acusación que le presentaron a Keleher, un caso separado en 2019.

Keleher habría provisto información confidencial para facilitar la preparación de propuestas a sus allegados, dándoles ventaja sobre otras compañías que participaron en las licitaciones.

En marzo podrían volver las clases

A todo esto, Educación debe decidir ahora si las clases presenciales vuelven, después de una interrupción que se remonta al pasado mes de marzo a causa del COVID-19.

La secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, informó que el próximo 3 de marzo podría ser la fecha escogida para comenzar la apertura de escuelas, un proceso que matizó será escalonado y que afectaría a 172 centros.

Los problemas por los que ha atravesado Educación durante los últimos años provocaron el anuncio, en 2017, del cierre de 184 escuelas, medida con la que el gobierno buscaba ahorrar millones de dólares.

La iniciativa siguió al paso del huracán María, que destrozó múltiples infraestructuras de la agencia repartidas por la geografía de la isla.

La situación de las escuelas no hizo sino empeorar en enero de 2020, cuando una serie de terremotos, algunos de gran intensidad, se dejaron sentir en el sur de Puerto Rico.