El senador Aníbal José Torres y el candidato a representante por acumulación, Gabriel López Arrieta, ambos del Partido Popular Democrático, denunciaron la otorgación de siete contratos que totalizan alrededor de 60 millones de dólares, suscritos entre el Departamento de Vivienda (DV) y diferentes empresas.

Según revelaron, las contrataciones se hicieron con fondos CDBG-DR para gastos de promoción y publicidad, entre otros.

“Otorgar 60 millones de dólares en contratos para promoción, publicidad y gastos administrativos, entre otros asuntos, con fondos CDBG-DR, es una barbaridad. Mientras miles todavía viven bajo toldos azules, otros carecen de viviendas seguras y existe un reclamo, a viva voz, por parte de los Alcaldes de las necesidades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción en sus municipios”, criticó Torres.

“La pregunta es ¿quién le va a explicar al país el por qué se otorgaron estos contratos millonarios a entidades como el DMO y Foundation for PR, quienes fueron centro de escándalos por mal manejo de fondos? ¿Quién le va a explicar a esas familias que todavía sufren las consecuencias del huracán María, cómo para el gobierno la promoción y la publicidad van por encima de sus necesidades”.

Los contratos fueron otorgados por el Departamento de Vivienda entre el 2018 y el 2020, con fondos CDBG-DR que fueron asignados a Puerto Rico para invertir en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de la isla. Entre las empresas contratadas se encuentran Foundation for PR por $37.5 millones, el DMO por $8 millones y Publicidad Tere Suárez por $5 millones. Del análisis de los contratos se desprende que los mismos son para realizar labores de promoción, publicidad y coordinación de campañas digitales.

Por otra parte, existen otros contratos que ascienden a $2 millones, los cuales se suscribieron para el manejo de nómina, la compra de muebles de oficina, servicios de mantenimiento a la página web de la agencia. El DV contrató los servicios de una empresa para la compra de 200 computadoras a un costo de más de medio millón de dólares.

“Cuando leemos los contratos vemos también que se subcontrata personal que facturará a razón de 150 dólares la hora. Además, algunos contratos son para trabajos que se pueden realizar con personal de la agencia sin necesidad de subcontratar los servicios, mucho menos al monto contratado”, mencionó López. “Hoy, el país es testigo de la falta de ayudas brindada por el Departamento de Vivienda que es el responsable de administrar estos fondos. Son ellos los que pueden ayudar a cientos de familias que todavía sufren, que tienen necesidades. Madres solteras, personas envejecientes, niños y niñas que viven bajo un toldo azul. Ante este escenario la respuesta del Departamento es atender como prioridad asuntos relacionados con promoción y publicidad. Esto demuestra la incapacidad del gobierno y como las prioridades están trastocadas”.

Torres y López demandaron conocer el resultado de las contrataciones y cómo las mismas beneficiaron a los puertorriqueños. Dijeron que estos eran solo una muestra de otros contratos similares que suscribió el Departamento de Vivienda con los mismos fines.

Foundation for Puerto Rico se desvincula

La institución sin fines de lucro Foundation for Puerto Rico (FPR) se desvinculó de la denuncia presentada por los funcionarios populares.

A través de declaraciones escritas, la presidente de la organización, Annie Mayol, aseguró que FPR “no ha recibido ningún contrato por parte del gobierno de Puerto Rico para gastos exclusivos de publicidad”.

“Fuimos seleccionados por el Departamento de la Vivienda para administrar e implementar el programa de Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria, cuyo presupuesto total es de $37.5 millones que se distribuyen a través de un proceso de reembolso. Las funciones y responsabilidades de FPR con este programa incluyen el diseño de este, el desarrollo de las guías, los procesos y procedimientos, elaborar el componente de educación, orientación e implementación del programa, así como la distribución de fondos, adquisición de proveedores y supervisión de las entidades seleccionadas, en colaboración con el Departamento de la Vivienda”, explicó Mayol.

El Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria “permite a las comunidades vulnerables crear planes de resiliencia para aumentar la capacidad local en sus procesos de toma de decisiones y fortalecer sus métodos de respuesta a desastres”, detalló.