Los artesanos puertorriqueños que se dediquen a elaborar cremas y jabones son afectados por una nueva orden administrativa del Departamento de Salud porque enfrentan un encarecimiento en sus costos, denunció mediante comunicado de prensa la senadora  Itzamar Peña Ramírez.

La legisladora del Partido Nuevo Progresista estima que mediante la orden administrativa 346 de febrero pasado estos artesanos tendrían que pagarle al Estado sobre $600 anuales en certificaciones adicionales en la División de Medicamentos y Farmacias del Departamento de Salud, así como en la Administración de Drogas y Alimentos federal, mejor conocida como FDA por sus siglas en inglés.

“La artesanía es una de las expresiones más genuinas de la cultura puertorriqueña. Si definimos la cultura como la proyección de todo lo creado por nuestras ideas y nuestras manos, la artesanía es imprescindiblemente una de la más importante. Ha sido la ardua labor de los maestros artesanales la que ha mantenido vigente estas manifestaciones artísticas de nuestros compatriotas, heredadas a través de las generaciones de antaño legándonos la responsabilidad de perpetuar sus obras. Entendemos que este nueva disposición acertar un duro golpe a estos trabajadores, al punto de facilitar el posible cierre de muchos talleres”, señaló la líder estadista en sus declaraciones escritas.

Según la Senadora por Acumulación, la Orden Administrativa #346  establecer la política pública en torno a la Distribución de Productos Naturales o Suplementos Nutricionales o Suplementos Dietéticos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que impone las nuevas certificaciones.

“Los nuevos requisitos, como una certificación de la mencionada División, un certificado de calidad del Departamento, certificado de un laboratorio debidamente acreditado y el número de registro en la FDA, son demasiado onerosos para la inmensa mayoría de nuestros artesanos. Estamos hablando que ahora tendrán que pagar $25 por certificado, por producto, unos $500 cada dos años para poder manufacturar productos artesanales, como jabones, otros $100 por un certificado de distribución y $50 para solicitar una inspección del Departamento”, añadió la portavoz de la delegación del PNP.

La legisladora adelantó que estará trayendo este asunto ante la Junta de Supervisión Fiscal federal, la cual fue creada por virtud de la ley federal ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’’, mejor conocida como “PROMESA”.