El contrato de la Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, contiene una cláusula de protección laboral que, al igual que las disposiciones de la Ley 80, le concede una compensación económica de entre cuatro (4) a siete (7) meses de salario, en caso de que sea separada de su cargo sin justa causa, denunció mediante comunicado de prensa el representante popular Jesús Manuel Ortiz.

Esto equivaldría a un pago máximo de $216,666, tomando en cuenta el sueldo anual de sobre $600,000 de Jaresko, que se paga con fondos públicos a pesar de que su cargo es creado por la ley federal PROMESA.

“Esto constituye un acto de hipocresía monumental. Mientras el gobernador Ricardo Rosselló, el Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III y la Directora Ejecutiva Natalie Jaresko, andan reclamando la derogación de la Ley 80, que establece una compensación a los trabajadores que son despedidos sin justa causa, argumentando que ese tipo de protección es dañina al desarrollo económico, la JSF le garantiza la misma protección a la Directora Ejecutiva con beneficios aún mayores que los que contempla la Ley 80. ¿Con qué estatura moral reclaman la derogación de esa ley, si ellos usan la misma estructura legal para proteger a sus empleados?”, señaló Ortiz en comunicado de prensa.

El legislador del PPD sostuvo que esa parte del contrato de Jaresko está escrito casi de forma idéntica a las disposiciones de la Ley Núm. 80 que protege a los trabajadores de despidos injustificados, toda vez que el texto contiene las causas de despido justificado enumeradas y sin compensaciones adicionales así como las compensaciones económicas cuando la terminación es sin justa causa.

La Ley 80 dispone hasta tres meses de salario para los trabajadores despedidos sin justa causa, mientras que el contrato de Jaresko le garantiza el pago de siete meses si su cancelación ocurría en o antes del 20 de marzo de 2018 (lo que no ocurrió) por lo que la cláusula ahora dispone de una compensación de 4 meses de salario que está vigente lo que, en caso de ocurrir, se traduciría en un pago de $216,666.00.