La organización Ayuda Legal Puerto Rico se mostró preocupada ante la falta de uso de fondos federales que suponen estar destinados a lograr vivienda asequible para la población más vulnerable ya sea a través del pago de renta, o de la construcción de una nueva vivienda.

El programa está pautado para cerrar el próximo 30 de septiembre y a solo un mes de se cumpla la fecha de cierre, quedan más de $100 millones sin utilizar, que tendrían que ser devueltos del Gobierno federal.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, licenciada Ariadna Godreau Aubert indicó al respecto que “en junio de este año, la Administración de Vivienda Pública devolvió $60 millones de esta partida. Se habló de la falta de necesidad de asistencia de renta entre las personas de ingresos limitados. Más adelante el gobierno dijo que esta devolución liberaría un dinero que permitiría construir entre 90 a 95 unidades de vivienda pública en la Isla Municipio de Vieques. Esto toda vez que al usar el 75% de los fondos, el restante 25% se podría utilizar para construir vivienda asequible. Para esa fecha, la Administración dijo que habían desembolsado $112 millones y que faltaban $23 millones para liberar el dinero. Dos meses después, sólo han gastado $5 millones . Es decir, estamos sin el dinero para la renta y sin la garantía de que esas viviendas asequibles se construirán”.

Por su parte, la licenciada Jynamarie Kuilan Santana, abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico, recordó que similar panorama ocurrió con el primer desembolso.

" De aquellos $325 millones, el gobierno devolvió $85.2 millones en junio de 2022. Unas 85,039 personas se beneficiaron de esta asistencia. Sabemos que, considerando que casi el 50% de las familias que alquilan invierten más del 30% de su ingreso en la renta, la necesidad sigue estando presente. Se debieron hacer más esfuerzos en la dirección de apoyarles. Esto pudo haber incluido campañas en comunidades empobrecidas y residenciales asi como utilizar los fondos para la gran diversidad de usos que contemplaba incluyendo la defensa ante casos de desahucios y el pago de internet, entre otros.” acotó la licenciada Kuilan.

Ambas abogadas recordaron que en Puerto Rico la necesidad es real.

“Preocupa e indigna que este dinero se dejó perder por la falta de planificación y de prioridad al tema de personas que alquilan”, concluyó diciendo la directora ejecutiva.