La senadora Joanne Rodríguez Veve dijo hoy que dos de los casos de aborto a menores de 15 años o menos que la Comisión de Asuntos de Vida y Familia refirió para investigación al Departamento de Justicia resultaron ser niñas víctimas de agresión sexual.

En conferencia de prensa en el Capitolio, Rodríguez Veve indicó que estos casos no fueron informados por las clínicas de aborto a la Policía.

“El mero hecho del embarazo ya, en sí, constituye la sospecha de agresión sexual porque el Código Penal dispone que una menor de 15 años o menos no puede consentir al acto sexual”, dijo la senadora del Proyecto Dignidad.

Detalló que en mayo de 2023 refirió a Justicia unos 118 casos de aborto en menores de edad realizados en cuatro clínicas entre el 2018 a 2022. Añadió, sin embargo, que Justicia redujo a 67 los casos de investigación luego que dos clínicas corrigieron la información.

“De los 67 casos de menores de 15 años o menos embarazadas a quienes le practicaron un aborto y que, según la ley, debieron ser referidos para investigación por sospecha de abuso sexual, solo una clínica hizo tres referidos. Sesenta y cuatro casos no fueron referidos a las autoridades”, agregó.

Según la legisladora, en el primer caso, la madre de la niña había presentado una querella ante la Policía, pero la investigación estaba detenida.

Sostuvo que el Departamento de Justicia recomendó en el informe “que se dé seguimiento a este caso para que la menor pueda recibir ayuda y se pueda proceder con la radicación de cargos”.

En cuanto al segundo caso, la senadora dijo que la niña víctima sobreviviente de agresión sexual “había ocultado el hecho de que su embarazo fue resultado de una agresión sexual, porque el agresor la amenazó con hacerle daño a ella y a sus padres”.

La senadora agregó que Departamento de Justicia dice en el informe que “se encuentra en el proceso de hacerle justicia a estas dos víctimas de delito”.

En los restantes casos, indicó que el Departamento de Justicia concluyó que 65 de estas 67 menores llevaron a cabo el acto que produjo el embarazo, libremente, con conocimiento de su naturaleza, sin el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza en su contra.

Rodríguez Veve dijo que las clínicas de aborto “han estado incumpliendo con su deber y están dejando desprotegidas a las niñas”.

También expresó que podría incluir enmiendas al Proyecto 495, de su autoría, que está pendiente en el Senado, que busca establecer que una menor 15 años o menos que se practique un aborto tiene que tener el consentimiento al menos de uno de sus padres.

“En ese proyecto pudieran surgir enmiendas que consideren lo que aquí se ha planteado, pero igualmente estamos evaluando el lenguaje puntual de cómo se debe proceder en los casos en donde se involucre la sospecha de agresión sexual en menores de edad”, indicó Rodríguez Veve.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó en declaraciones escritas que la agencia realizó “una investigación amplia, extensa y minuciosa” del referido de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en torno a las terminaciones de embarazo de menores de edad en clínicas de aborto.

“Cada uno de los casos identificados fue investigado, teniendo como prioridad la protección de las menores, así como salvaguardar su salud y seguridad. Como resultado del proceso, se encaminaron investigaciones criminales ante la posible comisión de delitos sexuales contra dos menores de 15 años. De esta manera, procuramos procesar y lograr que se penalicen a los responsables, para hacerles justicia a las víctimas”, sostuvo Emanuelli.

En cuanto a la controversia relacionada a la notificación por parte de las clínicas de aborto dijo que realizaron un análisis jurídico y “concluimos que, de determinarse que incurrieron en conducta ilegal, la acción penal estaría prescrita por haber transcurrido el término establecido por ley para iniciar el procesamiento”.

“Es indispensable que las agencias advengamos en conocimiento a tiempo de la posible comisión de delitos, sobre todo cuando podría involucrar a menores de edad. El Departamento de Justicia reafirma su política pública en defensa de la niñez y el compromiso de atender con prioridad, diligencia y sensibilidad toda denuncia relacionada a la posible comisión de delitos contra los menores de edad. Exhortamos a la ciudadanía a velar y proteger a los menores, quienes son vulnerables a conductas nocivas que atentan contra su integridad y desarrollo”, agregó.