El exsenador y aspirante al Senado por Acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, denunció la excarcelación de un confinado que debía ser entregado a las autoridades federales, “poniendo en riesgo la vida de víctimas, sus familiares y la comunidad en general”.

Díaz Sánchez informó de la “salida negligente” del convicto Raúl Antonio “Wiky” Rosado Alvarado de la cárcel Sabana Hoyos de Arecibo por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), “cuando debían entregarlo a los federales”.

El hombre había sido arrestado en septiembre del año pasado por cargos de distribución de armas en el área de Vega Baja.

Según informó por escrito el aspirante senatorial, “durante la mañana de ayer, jueves 16 de mayo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación recibió la Orden de Retención para la transferencia de jurisdicción contra Rosado Alvarado por parte de la Oficina de los Alguaciles Federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Pero al llegar a media mañana, los federales se fueron con las manos vacías ya que el Superintendente de la institución, Samuel ‘Chamo’ Arroyo, había autorizado la salida del confinado horas antes”.

Tras la salida, las autoridades federales y estatales comenzaron “una intensa búsqueda de un hombre extremadamente peligroso”.

“A pesar de la intensa búsqueda y peligrosidad del confinado para la comunidad, víctimas y sus familiares, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, no ha notificado en el portal o a los medios de comunicación el suceso poniendo en riesgo a la sociedad”, precisó Díaz Sánchez. “Esto demuestra lo que vengo denunciando reiteradamente, la politiquería que mantiene la secretaria de Corrección afecta el desempeño y las labores en el departamento”, señaló el exsenador, a la vez que identificó al superintendente Arroyo como uno de los activistas y miembro de las operaciones de campo de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi y estrecho colaborador del representante y aspirante a alcalde por Arecibo, José “Memo” González.

“González también es Inspector de Seguridad Correccional del Departamento de Corrección, por lo que junto a la secretaria del Departamento, fue favorecido de un aumento de $44,000 al año en su puesto de carrera”, concluyó Díaz Sánchez.

Reacciona el DCR

Escobar, por su parte, en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora, resumió que Rosado Alvarado ingresó el 9 de abril de 2024 al Centro de Ingresos Diagnóstico y Clasificación Bayamón 705 con un Auto de Prisión Provisional por los delitos: Daño Agravado y Art. 3.1 de la Ley 54; con una fianza de $100,000 por hechos cometidos en Vega Baja el 7 de marzo de 2024. El 2 de mayo de 2024, fue trasladado a la institución Anexo 728 Sabana Hoyos, Arecibo.

El 9 de mayo de 2024 fue excarcelado por Orden del Tribunal Superior Sala de Bayamón por Regla 64 (N) 5 de Procedimiento Criminal, por los delitos antes mencionados.

“Es importante destacar que al momento de excarcelar al confinado en su expediente criminal no constaba ningún Detainer ni nada que hiciera referencia al mismo. A su vez, obra Certificación de Notificación de la Oficina de Servicio de Aviso a Victima sobre el Estatus del Recluso, a la víctima notificada de la excarcelación mediante llamada telefónica previo al egreso del confinado realizada el 9 de mayo de 2024″, explicó Escobar.

“Una vez notificados que esta orden de detención federal estaba vigente y se había excarcelado al confinado por los cargos estatales, se procedió a realizar requisitoria de prófugo y notificar a la oficina de US Marshal. Ya se inició un proceso de investigación sobre el particular a través de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional para la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan conforme lo establece el Manual para la Aplicación de Medidas Correctivas y Disciplinarias a los empleados involucrados en este proceso”, añadió la secretaria del DCR.

El confinado, informó, fue arrestado hoy por US Marshall.

La denuncia del aspirante al Senado ocurre en momentos en que el DCR es investigado por liberar al convicto Hermes Ávila Vázquez, quien fingía ser parapléjico y a un año y cuatro días de estar en la libre comunidad se le imputa el asesinato de Ivette Joan Meléndez, el pasado 22 de abril, en Manatí.

Ayala Vázquez cumplía una condena de 122 años por el asesinato de otra mujer en Caguas, en 2005.