La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció este martes que el traslado de alrededor de 100 empleados de los Centros de Servicios de Educación Especial a otras dependencias del gobierno, incluyendo la Policía de Puerto Rico, representa “un nuevo patrón de violación de derechos de los niños de educación especial”.

Al mismo tiempo, Santiago alegó que se está “desmantelando” el mecanismo de Remedio Provisional.

“Mediante una interpretación viciada de la nefasta Ley 66, el Departamento de Educación (DE) está removiendo personal esencial de los Centros de Servicio de Educación Especial para llevarlos a realizar tareas de oficina en otras dependencias, como la Policía. Se trata del personal a cargo de las funciones de identificación, registro, referidos y evaluaciones, y que ya era insuficiente para atender a los estudiantes y sus familias”, indicó Santiago en comunicado de prensa.

La legisladora, quien es madre de un niño que se beneficia de este programa, añadió que “se está dejando sin personal administrativo a las escuelas, en momentos en que se ha multiplicado la burocracia a la que están sometidos directores y maestros”.

“Esta situación demuestra que el problema con la educación pública no es legislativo. Lo que pasa es que uno de los haberes más importantes del país está en manos de gente insensible e incompetente que no permite que los que sí tienen vocación y amor por la escuela pública cumplan con sus tareas”, sentenció la senadora.

A juicio de la líder independentista, trasladar personal de educación especial a la Policía refleja cuáles son las prioridades de la administración del Partido Popular Democrático. Argumentó que los objetivos son “privar a la población más marginada del País de servicios, para proyectar que están cumpliendo con la reforma policiaca”.

Como parte de su denuncia también denunció que la Secretaría Auxiliar de Educación Especial supuestamente ha desmantelado el área de Remedio Provisional, diseñado como parte de la sentencia por estipulación del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, “para suplir de forma rápida servicios que el DE no puede proveer”.

“En abril de este año, el Departamento resolvió dejar de dar terapias sicológicas y de habla y lenguaje a través de Remedio Provisional, asegurando que los niños serían atendidos por la vía regular. La promesa resultó ser falsa, y pasaron semanas y en algunos casos, meses, antes de que las terapias estuvieran disponibles. Estas acciones son cónsonas con mi denuncia al momento de aprobarse el Presupuesto, en el que se redujo de $25 a $11 millones la partida para Remedio Provisional y Asistencia Tecnológica”, puntualizó Santiago.

También criticó el que el DE “interfiera indebidamente con el criterio clínico de los terapistas, al requerir en su contrato de servicios profesionales que las terapias individuales sean una excepción, imponiendo terapias grupales para gastar menos en los niños”.

Este diario solicitó una reacción del Departamento de Educación sobre la denuncia, pero de inmediato no se ha obtenido respuesta.