La empresa PBL de Puerto Rico (PBLPR), que administraba el juego “Raspa y Gana”, denunció que un supuesto conflicto de intereses del Secretario de Hacienda ha provocado que esa agencia no le concediera una audiencia para autorizar su actividad de recaudación de fondos.

El gerente general de PBL de Puerto Rico, Aniel Del Valle, hizo la denuncia al publicarse el aparente conflicto de interés entre el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, y su subsecretaria auxiliar de asuntos legales, Susan Wert Serrano, con relación a la contratación de la compañía Evertec para manejar el IVU Loto.

Del Valle dijo que aunque el Secretario de Hacienda ha querido minimizar el hecho diciendo que Wert Serrano tiene una hermana que trabaja en Evertec; "lo cierto es que su hermana, Luisa Wert, es Primera Vicepresidente Legal y Cumplimiento de Evertec y no una simple empleada".

Recientemente PBL de Puerto Rico publicó una carta abierta dirigida al Gobernador en la que explica cómo han intentado, infructuosamente, "obtener audiencia con el Departamento de Hacienda para que nos facilite los requisitos necesarios y continuar operando según los criterios de dicha agencia".

"En respuesta, se han negado a concedernos una cita pero han tratado de reunirse con las entidades que representamos. Le escribimos precisamente a la licenciada Susan Wert Serrano en varias ocasiones sin la cortesía de una respuesta", explicó Del Valle.

El Gerente General de PBL de Puerto Rico señaló que los conflictos de interés de carácter personal reportados en la prensa sobre el Secretario de Hacienda y los señalamientos del representante José Aponte en relación con los procesos de subasta para la contratación del manejo la Lotería Electrónica, ponen al relieve la necesidad urgente de revertir los cambios realizados en 2007 al Reglamento Operacional de Lotería Electrónica en el que transferían los poderes de la Legislatura al Secretario de Hacienda para asuntos relacionados a la Lotería Electrónica y sus variaciones.

"Una industria que genera sobre 400 millones como la de la Lotería Electrónica y sus derivados es algo demasiado grande para estar en manos de un sólo funcionario sin ser fiscalizado. En aras de una sana administración pública, el poder referente a esta industria debe recaer sobre la Legislatura, donde muchas más personas intervienen en los procesos y decisiones", opinó Del Valle.

PBL presentó un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando una reconsideración para que se deje sin efecto la sentencia en contra de esa entidad.

Del Valle indicó que Raspa y Gana es una actividad de recaudación de fondos para entidades sin fines de lucro y no una lotería.