La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en la Legislatura Municipal de Guaynabo, Alexandra Rodríguez Burgos, denunció que lleva un mes pidiendo los estados financieros del Municipio del pasado año y que solo ha recibido excusas.

La funcionaria electa hizo la solicitud luego de conocerse que el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill transó una demanda de hostigamiento sexual por la suma de $450,000, un caso que según la legislador incluye alegaciones de  violación y agresión. 

El caso ha llevado a que el gobernador Ricardo Rosselló le pidiera hace un mes la renuncia al mandatario municipal, y que se inicie una investigación del Departamento de Justicia, de la que ha sido declarado sospechoso de delito, además de que en la pesquisa ya encaminada a las finanzas del alcalde en la Oficina de Ética Gubernamental se tomará en cuenta esta transacción.

“Por más de treinta días, he solicitado a la Legislatura Municipal, todas las semanas, por todos los medios posibles, que se me entreguen los estados financieros del Municipio durante el último año y no han atendido ni tramitado mi solicitud. Si a nosotros, los legisladores, no se nos da la información que solicitamos, qué será para el resto de los ciudadanos”, cuestionó.

Rodríguez Burgos aseguró que, lejos de proveerle los datos a los que tiene derecho, solo ha recibido excusas. “La primera semana se me dijo que esa información ‘se tardaba’. Luego, que la directora de Finanzas estaba fuera del Municipio. La semana después que había vuelto, pero que tenía que organizar la información. Y la última semana que la directora hacía un día que había regresado de vacaciones (otra vez)”, señaló indignada.

Además de la transacción por el caso de hostigamiento, que el alcalde ha dicho se pagó con fondos personales y no municipales, la legisladora municipal cuestionó el supuesto contrato de $50,000 a la relacionista público, Helga García.

“Me parece una barbaridad, sobre todo, porque durante las últimas semanas, el discurso de todos los directores de departamento es que Guaynabo se encuentra en una situación económica difícil. La pregunta es: ¿de qué partida del presupuesto lo sacaron, si no estaba presupuestado? ¿La contratación es para servicios al Municipio o para manejar la crisis de emergencia del alcalde?", señaló.

Según la Ley 81, de Municipios Autónomos, los legisladores municipales tienen derecho a solicitar la información financiera del Municipio en cualquier momento.