Denuncian incumplimiento al pago de $15 la hora a obreros de la construcción
Temen que el gobierno se encamine a derogar la directriz y desean reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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Río Piedras - Los trabajadores de la construcción (LiUNA) denunciaron que temen que el gobierno derogue la orden ejecutiva que aumentaba a $15 la hora de salario mínimo a empleados de esa industria financiados con fondos públicos.
A finales de julio del 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción en Puerto Rico a $15 la hora para contrataciones gubernamentales como medida de recuperación de la isla tras el paso del huracán María.
John Vigueras, presidente de la Unión Internacional de Obreros de Norte América, capítulo de Puerto Rico, LiUNA durante una conferencia de prensa conjunta con Edison Severino, portavoz del gremio expresaron que tanto el gobierno como los contratistas han violado la orden ejecutiva.
“Ellos no lo dijeron, pero yo lo que puedo asumir es lo siguiente, nosotros hemos estado en la calle yendo a los trabajos y se ha corrido la voz de que estamos inspeccionando y asegurando que se cumpla la orden ejecutiva y justo en este ámbito y después de una reunión que tuvimos con una representante de la Gobernadora, la señora Saavedra, donde se nos dijo que no había quejas de violación… yo creo que ellos están tratando de subsanar el incumplimiento con la derogación”, apuntó Severino.
Sin embargo, el gremio hace un mes y medio le informó a la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, los hallazgos de su investigación y no han visto acción alguna. Una vez los trabajadores estén listos, porque muchos temen perder sus empleos, estarían radicando querellas formales.
Según un estudio presentado por Severino tras el análisis de 209 contratos de construcción que representan $321 millones que fueron otorgados a partir del 1 de enero del 2019 al presente, en el 85% de los proyectos se incumplió con el pago establecido por la orden general.
“175 fueron excluidos fueron excluidos arbitrariamente del salario mínimo establecido por la orden ejecutiva. Estos contratos representan $288.6 millones o el 90% del valor total de los contratos en el período analizado. Tan solo 34 contratos (con un valor de $32.4 millones) tiene el lenguaje de la orden”, detalló Severino.
LiUNA solicitó la renuncia de Ottmar Chávez, director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) luego de que la semana pasada revelara que estaba evaluando junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced cambios o la presunta eliminación de la orden.
A su vez, solicitaron una reunión urgente con Vázquez Garced para que les aclare su posición y los incluya en los foros donde se toman estas decisiones.
“Exigimos y emplazamos a la Gobernadora a que diga claramente si está a favor de los contratistas millonarios que quieren reducir el salario a los trabajadores, o a favor de los más de 50,000 trabajadores de la construcción y sus familias que están reconstruyendo a Puerto Rico”, advirtió Severino.
La discusión sobre el tema se avivó tras el presidente de la Cámara de Comercio José E. Ledesma Fuentes expresara que en Puerto Rico las personas pueden vivir con un salario de $7.25 la hora, durante una vista pública cameral para aumentar la partida a $8.25.
Al preguntarle a los trabajadores que acompañaban al liderato de la unión si podían vivir con un salario de $7.25 todos gritaron al unísono que no, “!jamás, no se puede vivir!”.
“El silencio de la Gobernadora representa la complicidad del gobierno”, sostuvo Severino.
Agregó que en el período escrutado la Autoridad de Carreteras se otorgaron contratos ascendentes a $190 millones y solo se aplica la orden ejecutiva a $14 millones.
Entre los ejemplos de incumplimiento presentados mencionó un proyecto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Hormigueros donde identificaron que le aplicaron la clasificación de guardia de seguridad a un trabajador de la construcción.
También detectar irregularidades en los contratos en las construcciones en el Malecón de Santa Isabel, el Puente Histórico Cangrejos en el sector La Cambija en Bayamón, la escuela superior Emilio Delgado en Corozal y el anfiteatro de la Universidad de Puerto Rico.