La remoción hace seis meses por parte del Departamento de la Familia (DF) de una adulta mayor de 84 años de su residencia -quien no podía cuidarse por sí misma-, culminó con la denuncia de un aparente abandono de 13 perros que eran mascotas de la ciudadana.

Así lo aseguró a los medios de comunicación Angélica Acosta Buono, quien fungió como defensora judicial por el tribunal en un caso de desahucio que involucra a la octogenaria que fue removida y ubicada en un hogar para ancianos a través de la Ley 121 de 2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”.

“Desde hace seis meses, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, el Departamento de la Familia y el tribunal conocen el abandono de estas mascotas en la residencia, pero no han dado seguimiento al asunto”, explicó Acosta Buono al agregar que su función como “defensora judicial” es “velar por el bienestar de la señora y que no se violen sus derechos en el caso judicial por la hipoteca”. Sobre este pleito, explicó, que la ejecución de la propiedad quedó en pausa por orden del tribunal pues el caso aún se ventila en el tribunal de Carolina.

Según la denunciante, la adulta mayor -cuyo nombre no se dio a conocer- no tiene familiares en Puerto Rico, por lo que ella y un grupo de personas se unieron para suplir sus necesidades y las de sus mascotas desde que comenzó el proceso judicial hace un año. Acosta Buono explicó que, ante el abandono de estas mascotas, este grupo integrado por personas solidarias decidieron costear los gastos de cuidado de los animales y atienden diariamente su alimentación y aseo.

“Se han realizado múltiples gestiones con agencias, organizaciones y rescatistas para lograr remover los perros, pero han sido infructuosas. La crisis de animales en el país está a tope y, cuando son animales adultos, es aún más difícil. Han logrado reubicar a seis de los perros, pero aún quedan siete en la vivienda”, detalló Acosta Buono.

La denunciante entiende que el abandono de estos animales es “similar” a los casos de personas procesadas judicialmente por abandonar a sus mascotas.

“En este caso, es el Estado el que viola la Ley 154 de protección animal. El Estado fiscaliza y penaliza las personas que abandonan animales, pero en este caso remueve a su dueña, abandona a sus animales encerrados en su casa y, ¿quién procesa a ese Estado que viola su propia ley?”, señaló Acosta Buono al indicar que el gobierno “no cumple con su deber ministerial” y queda en total impunidad.

Reacciona el Departamento de la Familia

A preguntas de Primera Hora el Departamento de la Familia, alegó que los planteamientos en la denuncia están altamente “descontextualizados”.

“En principio, la responsabilidad primaria del Departamento de la Familia es el bienestar de esta adulta mayor. En su comunicación acepta que la ciudadana de 83 años no estaba en condiciones de cuidarse sola, pero a la misma vez ataca al Estado por asumir su deber ministerial según establecido en la Ley 121-2019. Con relación a los perros, establece que los mismos fueron abandonados, aunque acepta que dos vecinas en particular decidieron hacerse cargo de los animalitos para tratar de reubicarlos en algún hogar que los aceptaran. Esto para que no procediéramos a llamar a un albergue o al Municipio de San Juan para ayudar con la situación, cosa con la que no estaban de acuerdo porque ‘los pondrían a dormir’”. sostiene el DF.

La agencia agregó que fue parte de un acuerdo al que llegaron las vecinas con el personal del Departamento de la Familia precisamente para que no se procediera a llamar a Control de Animales. Incluso, resaltan que los vecinos “han realizado publicaciones en las redes sociales para promover la adopción de los canes”.

“Es pertinente recalcar que el Departamento de la Familia, más allá de establecer las coordinaciones con las agencias, entidades o personas de la comunidad, no es la agencia responsable de asumir custodia de los animales. Sin embargo, cada vez que nos encontramos con situaciones como estas se establecen las coordinaciones pertinentes con entidades gubernamentales o sin fines de lucro que se hacen cargo del bienestar animal, como el caso del Municipio de San Juan, porque la ley habilitadora del Departamento de la Familia no faculta para responsabilidad e intervención directa con animales”, acotó la agencia.

Acosta Buono, por su parte, reitera que “nunca” se les ofreció un plan de acción con los animales y retó al DF a que muestre evidencia de las gestiones, si alguna, que hizo a estos fines.

“Tememos que nuestra denuncia cause la remoción inmediata y caótica de las mascotas, como realizó el Departamento de la Familia con su dueña, una mujer de 83 años a la que se desarraigó de su hogar de más de 60 años bajo una mentira. Apelamos con urgencia a la solidaridad de personas que adopten o alberguen a estos siete perros adultos que quedan, de manera responsable y digna, con la intención de evitar que les eutanicen¨, concluyó Acosta Buono.