Acompañados por residentes de Puerta de Tierra, los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón, denunciaron hoy un esquema de acaparamiento de una treintena de edificios por inversionistas extranjeros al amparo de los privilegios contributivos de las Leyes 20 y 22 en la histórica comunidad sanjuanera, considerada una de las más antiguas de la Capital.

Los legisladores denunciaron que la compra venta de las propiedades ha provocado el desplazamiento de decenas residentes, muchos de ellos nacidos y criados en Puerta Tierra, quienes se han visto forzados a abandonar la comunidad.

Dijeron que una investigación preliminar que realizó el asesor legislativo del PIP, Adrián González Costa arrojó que nueve beneficiarios de la Ley 22 han adquirido hasta la fecha, 30 edificios en Puerta de Tierra, incluyendo la antigua escuela Brumbaugh y el edificio que albergaba las oficinas de un diario de circulación nacional.

“Nos dimos a la tarea de buscar parcela por parcela en el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), quiénes son dueños y encontramos personas que son dueñas de una cuadra completa”, indicó el licenciado González Costa.

“Lugares tradicionales donde vivían familias enteras algunas a través de varias generaciones, donde prosperaban negocios familiares por décadas ahora son espacios destinados al turismo. El resultado es que se sigue empujando a puertorriqueños y puertorriqueñas que no encuentran lugares ni para comprar ni para alquilar y van perdiendo nuestras comunidades sus identidades, sin que estas personas que se benefician de esos esquemas contributivos con privilegios tengan que retribuir nada al País”, dijo la senadora Santiago.

Tanto Santiago, en el Senado como Márquez Lebrón en la Cámara radicaron resoluciones para que la Asamblea Legislativa investigue el acaparamiento de propiedades inmuebles por beneficiarios de las Leyes 20 y 22 y el efecto que esto ha tenido en comunidades como Puerta de Tierra.

“Hemos insistido y radicado legislación para la eliminación de todos estos privilegios contributivos a estas personas y este esquema de privilegios de crear a Puerto Rico como un paraíso fiscal”, dijo Márquez Lebrón.

La Ley 20 viabiliza la exportación de servicios y la Ley 22 incentiva el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, mientras, la Ley 60 dio paso al nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico.

“Por un lado es gente que llega con enormes cantidades de efectivo dispuesta a comprar aún por encima del valor de tasación y esto provoca un aumento artificial en el valor de edificios, de casas, de terrenos que se va extendiendo a las comunidades vecinas y a la larga resulta que puertorriqueños y puertorriqueñas ya no puedan comprar”, sostuvo Santiago. Agregó que esta práctica también afecta la naturaleza de muchas comunidades en la medida en que esas adquisiciones se dan para convertir esos edificios en espacios de alquiler a corto plazo a través de plataformas digitales.

“Hemos visto el patrón que están teniendo estos inversionistas y el gobierno. Si usted va por Puerta de Tierra ve que se han perdido un sinnúmero de servicios. No tenemos cuartel de la Policía estatal, no tenemos cuartel municipal, al CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) usted va y no hay servicios. No tenemos escuela elemental, la Brumbaugh la vendieron, el Colegio San Agustín también. Hay hoyos en las carreteras y las luces no funcionan... Teníamos una cancha de baloncesto bajo techo, teníamos deportes, teníamos un centro para envejecientes, todo eso ha desaparecido”, denunció Jorge González, vicepresidente de la Junta del Residencial San Antonio

González dijo que en este residencial había 1,200 familias y actualmente hay 80, de las cuales solo 8 son nativas de la comunidad. “No podemos permitir que nos saquen a nosotros y que seamos extranjeros en nuestra propia tierra”, sostuvo.

“Por los últimos 15 años los gobiernos que hemos tenidos, azules y rojos han estado prometiendo y lo que están es faltándonos el respeto y abusado de nosotros. Yo nací en Puerta de Tierra y quiero morir que me entierren en Puerta de Tierra. No quiero que me saquen a mí de donde nací para mandarme donde ellos quieren. Es como decir que están invadiendo nuestro terreno, abusando de los pobres y de los negros porque a ellos lo que les interesa es el dinero”, expresó el líder comunitario de 55 años de edad.

“El Alcalde de San Juan (Miguel Romero) está patrocinando todo esto, fuimos a pedirle una reunión y no quiso atendernos. Nos dijo que fuéramos a la Alcaldía y le dijimos que se reuniera con nosotros en la comunidad”, indicó González y anunció que este viernes partirán en marcha hasta la Alcaldía en reclamo de que el Alcalde se exprese sobre la controversia.

Otra residente, Laura González narró que vivía en un edificio en la Calle San Agustín desde 2014 donde residían 21 familias pagando rentas moderadas, pero fueron desalojados. “De momento nos llegó una carta y nos dieron 30 días para salir. Ahora esto es un Airb&b, cobrando $150 la noche y nosotros pagábamos entre $300 a $400 al mes. Eso de que ellos van a traer beneficios para la comunidad, no es cierto porque en esta cuadra ya no vive gente, ahí ya no vive nadie”, sostuvo González, quien dijo que se tuvo que mudar de Puerta de Tierra y acaba de regresar a la comunidad.

“En Puerta de Tierra residían las personas que construyeron el Viejo San Juan y quieren desplazar al residente porque no posee la educación sobre el concepto de gentrificación y la Ley 22″, denunció por su parte el comerciante Angelo Arroyo. Dijo que adquirió un local de 1918 con dificultades.

El vicepresidente de la Junta del Residencial San Antonio indicó también que los negocios en Puerta de Tierra se han reducido. “No llegan ni a 10 y antes se le hizo hasta una canción”, indicó González recordando la canción San Agustín, del compositor Tite Curet Alonso.