Denuncian "carpeteo cibernético" de la Policía
Legisladores del PIP dicen que expresiones de la superintendenta de que la policía monitorea las redes sociales es una admisión de que se está incurriendo en esta práctica declarada in constitucional.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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La policía de Puerto Rico está desempolvando la vieja e ilegal práctica del carpeteo, según los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón.
“Reitero lo que advertí durante mi oposición al nombramiento de la Superintendente, que era peligrosa su visión militarizada de la Policía y su historial en la práctica del espionaje cibernético. Hoy vemos las consecuencias de su designación cuando comunica una visión punitiva y cuasi militar hacia aquellos que protestan políticas gubernamentales dañinas para el país. Su admisión de que se están tomando videos, fotografías, y archivando expresiones realizadas en las redes sociales a personas u organizaciones que anticipan participar de protestas legítimas contra las políticas económicas y laborales de la actual administración constituye una práctica de espionaje cibernético, sentenció el Senador pipiolo.
Por su parte, Márquez Lebrón, quien fue abogado del PIP en el caso de las carpetas, expresó que "desde hace años, gracias al esfuerzo y la lucha del independentismo, los tribunales en Puerto Rico declararon inconstitucional la nefasta práctica del carpeteo. Con esta confesión la Superintendente está reviviendo una práctica ilegal, violatoria de los derechos humanos y civiles de miles de manifestantes".
La superintendenta dijo esta semana que la Policía accesa redes sociales para supervisar las posibles protestas.
Márquez dijo que esto es "carpeteo cibernético" por parte de Hernández de Fraley, también coronela de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. "Parece que su aparato militar sigue corriendo en su cerebro y no entiende que dirige una organizacion civil", dijo el legislador.
Ambos líderes independentistas solicitarán una investigación a la Comisión de Derechos Civiles y al Colegio de Abogados.
También le pidieron al gobernador Ricardo Rosselló que ordene a Hernández de Fraley descontinuar esta práctica.