Juntas Examinadoras sin nombrar o sin todos sus miembros, falta de personal para procesar las solicitudes de licencias, imputaciones de corrupción y hasta años de atraso en el análisis de los documentos que llevaría a los trabajadores a contar con las certificaciones que les son requeridas por ley, son algunas de las quejas que realizaron colegios y sindicatos contra los procesos que se realizan en el Departamento de Estado para regular las profesionales.

No obstante, la secretaria auxiliar de Registros y Juntas Examinadoras, Karla Morales Santiago, insistió -en entrevista con Primera Hora- en relevar de responsabilidad al Departamento de Estado por los inconvenientes que puedan atravesar los profesionales al solicitar las licencias y certificaciones requeridas por ley.

Además, rechazó que los atrasos en conceder las licencias sean de años, como ha surgido de algunas denuncias. Alegó que se trata de “meses” de espera, a causa del aumento de solicitudes que han registrado en algunas profesiones o porque los empleados entregan su solicitud incompleta.

En medio de la problemática, son los trabajadores los más afectados.

El presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, Julio Bonilla, leyó uno de los tantos mensajes que recibe para sintetizar el sufrimiento que atraviesan aquellos que esperan por sus licencias para tener empleo, mejorar su salario o ejercer sin miedo a ser multados. Se trató del caso de Félix Díaz, que tras su reclamo de ayuda, pudo solucionar sus problemas en los pasados días.

“‘No me aceptan sin la licencia del Departamento de Estado (en el trabajo). No me he colegiado desde febrero, porque no puedo ejercer y estoy mal económicamente, casi quebrado, sin poder trabajar... Una desesperación demasiada y no aguanto más. Dígame en qué estatus está eso o ayúdenos. A punto de renunciar a mi profesión. Ayúdeme’. Esto son los tipos de mensaje que yo recibo”, destacó Bonilla.

La queja

La voz de alerta sobre los problemas que enfrentan algunos trabajadores que requieren licencias o certificaciones emitidas desde el Departamento de Estado la dio el presidente de la Unión Independiente Auténtica, Luis de Jesús Rivera.

La situación que enfrentan es que hay unos 120 operadores de planta y electricistas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que no han logrado renovar sus licencias, lo que genera que la corporación les llame la atención.

De Jesús Rivera comentó que, de inmediato, indagaron en la situación y se percataron que el problema no es de los empleados, sino que “está lento el proceso de la adjudicación de las licencias”.

“Hay personas que tienen ya seis, siete meses, y hasta un año sin la licencia y esto nos provoca a nosotros denunciarlo”, manifestó el líder sindical.

Aludió a que la situación perjudica a la AAA, porque podrían ser objeto de multas por parte del Departamento de Salud. Mientras, comentó que este panorama les ha privado a algunos empleados de ser reclasificados para cobrar un mejor salario.

“El dato que tenemos es que ellos (el Departamento de Estado y la empresa contratada para brindar servicios de licenciamiento y algunos exámenes, Didaxis), están demorándose en enviar esas notificaciones de cumplimento (de los trabajadores) y la Junta Examinadora se está tardando en examinar esos casos, y hay un ataponamiento en ese renglón de las licencias. Los datos que tenemos es que a veces ni se están reuniendo (las Juntas Examinadoras). Esto ha afectado a todos los empleados de AAA que son operadores, que muchas veces tienen que renovar licencias y están manejando plantas sin tener su licencia final”, denunció.

El proceso

La mayoría de las leyes que establecen las profesiones que requieren licencia, como los ingenieros, mecánicos, electricistas, plomeros, vendedores de bienes raíces, ingenieros, arquitectos, agrónomos, barberos y relacionistas públicos, indican que la evaluación para determinar si se expide o no la certificación, debe de hacerse en un periodo de 30 o 45 días después de que se haya sometido la solicitud.

Entre otras cosas, requiere que algunos trabajadores tomen exámenes, consigan documentos relacionados a su vida profesional, así como entreguen certificados de buena conducta, de salud o de pago de la pensión alimenticia en la Administración de Sustento de Menores. Además, deben pagar sellos o los exámenes, lo que implica gastos de hasta cientos de dólares.

Los documentos se someten de manera electrónica y son transferidos por el personal del Departamento de Estado a las Juntas Examinadoras, compuestas por profesionales de la misma rama que deben evaluar. Estos son designados por la Oficina de Nombramiento de la administración de turno y no tienen salario asignado. Solo cobran dieta y millaje por su labor, explicó la secretaria auxiliar.

Las Juntas suelen reunirse una vez al mes para evaluar las solicitudes de los profesionales. Pero no todas lo hacen, por distintas razones.

En el caso de la Junta de Examinadores de Arquitectos, faltan por nombrar dos de sus cinco miembros, reveló la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Margarita Frontera Muñoz.

Siguen las denuncias

Esa suerte, sin embargo, no la tuvieron los mecánicos. Bonilla denunció que hay técnicos que han esperado hasta tres años por sus licencias o una revisión de la decisión de la Junta para denegárselas. Achacó los problemas que enfrentan al pasado presidente de la Junta Examinadora, a quien identificó como Carlos Domínguez.

Contra este, el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices le presentó en abril del 2021 una querella ética ante el Departamento de Estado por alegadas violaciones éticas, incumplimiento de sus funciones y conflictos de interés.

“Aquí hay extorsión y un montón de señalamientos que el Colegio está haciendo”, sentenció Bonilla.

Indicó que el gobierno removió a Domínguez del cargo, pero no ha investigado las denuncias por corrupción que le han realizado mediante cartas y querellas.

La disputa, que incluyó un cambio de reglamento sobre la profesión sin supuestamente haberlo consultado con los mecánicos, ha provocado que en la actualidad haya 1,200 solicitudes de licencias sin procesar, informó Bonilla.

La información fue confirmada por Mejías Agosto, quien preside la Junta Examinadora de Mecánicos desde marzo pasado.

Los electricistas son otro grupo con retrasos de meses en la expedición de sus licencias.

La presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Berríos Meléndez, culpó al Departamento de Estado por la situación que atraviesan.

“Los empleados de Departamento de Estado, como estuvieron mucho tiempo trabajando remoto, con la falta de supervisión, no estaban contestando a tiempo las licencias y, entonces, se forma el tapón. No es la Junta en donde se forma un tapón, lo que llamamos cuello de botella. Ese cuello de botella lo hace el Departamento de Estado. Si no le llega a la Junta, la Junta no puede aprobar”, señaló.

Según alegó la líder de los electricistas, Estado coloca un solo empleado para “cuatro y cinco Juntas a la vez”, para revisar si el solicitante tiene todos los documentos al día y completos.

Por su parte, el presidente del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico, Jimmy Solivan Cartagena, indicó que para su profesión se tendrá que esperar qué sucede en los próximos días, pues en julio pasado se aprobó una nueva ley que les da 90 días a estos profesionales para solicitar su licencia. El término se vence el 14 de octubre.

Indicó que todo aquel que tenga su licencia vencida y no solicite la renovación, “se quedó sin licencia”.

Mientras, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Ana Cristina García Cintrón, se quejó de la pobre atención que reciben los solicitantes de licencias en el Departamento de Estado cuando tienen dudas. Señaló que, en muchas ocasiones, tienen que ir a la sede de la agencia en el Viejo San Juan y no hay quién les atienda.

Estado rechaza que sean los responsables

Para responder a las críticas que se hacen en contra del Departamento de Estado, la secretaria auxiliar a cargo de las Juntas aceptó que, en ocasiones, hay problemas de atrasos en la emisión de licencias. No obstante, estipuló que son por “meses”.

“El Departamento de Estado tiene el deber ministerial de darle apoyo administrativo a las Juntas Examinadoras. Las Juntas Examinadoras son las que en ley tienen la autoridad para aprobar y denegar las licencias. Nosotros, ciertamente, tenemos un reto con varias cosas que han pasado, primero el COVID”, detalló la funcionaria.

En segundo lugar, estipuló que en la actualidad se registra un gran número de solicitudes, sobre todo de los electricistas y corredores de bienes raíces.

Pero, Morales Santiago rechazó que las solicitudes estén estancadas por culpa del Departamento de Estado. Aludió a que solicitud que se recibe, solicitud que se pasa a la Junta correspondiente.

También negó que la agencia tenga a un empleado para atender “de cuatro y cinco Juntas a la vez”, como lo denunció la presidente de la Colegio de Peritos Electricistas. Alegó que un servidor público pudiese estar asignado a “dos a tres Juntas”. Estos verifican que los solicitantes tengan los expedientes completos.

También aclaró que, si el candidato cumplió con someter todos los documentos, no se les exige que vuelvan a radicar documentos que hayan caducado, como la certificación de ASUME. En cambio, si los somete incompletos, comentó que sí se les requeriría que actualicen este tipo de datos.

“Es importante que los ciudadanos sepan que esto no es meramente un ‘check list’, está la solicitud, vamos, si no que cada Junta, como perito y profesional de esa área, ellos tienen que hacer su análisis de que esté todo completo y que la persona cumpla con los requisitos de la ley”, dijo la funcionaria.

Agregó que para el Departamento es un “reto positivo” el que los profesionales cumplan con sus solicitudes de licencias. Dijo que desde que fue nombrada al cargo, en marzo pasado, aceptó ese reto “con energía”.

“Es importante entender el deber del Departamento. Nosotros le damos el apoyo administrativo a las Juntas para que ellos puedan hacer su labor de analizar y emitir la licencia o certificación. Nosotros no tenemos autoridad, nosotros no tenemos responsabilidad sobre los actos de los miembros de la Junta”, argumentó.

Asimismo, Morales Santiago explicó la razón por la que no han respondido a los mecánicos las querellas que realizaron contra el que fue el presidente de la Junta por presuntas irregularidades. Dijo que a la agencia no les corresponde atender el tema. Los invitó a hacer sus denuncias ante los foros pertinentes, como el Departamento de Justicia.