El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunció, hoy, el nombramiento del pastor fundamentalista de extrema derecha Jorge Lucas Escribano a la Comisión de Evaluación Judicial.

“Es inconcebible y preocupante que la mayoría de los jueces y juezas del Tribunal Supremo hayan votado a favor de nombrar a Jorge Lucas Escribano, un pastor fundamentalista de extrema derecha que ha hecho expresiones homofóbicas y que cuando fue juez actuó en contra de los cánones de ética judicial por sus acciones discriminatorias, a la comisión que evalúa los nombramientos de los jueces y juezas de nuestro país”, aseveró el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

“Es vergonzoso que la mayoría de los jueces y las juezas del Tribunal Supremo haya avalado las conductas y expresiones homofóbicas, discriminatorias y contrarias a la ley de Escribano. Han premiado a un individuo que se ha dedicado a odiar, a discriminar, a violentar la dignidad de los seres humanos. Las personas LGBTTIQ+ merecemos un Poder Judicial que respete, reconozca y valide nuestra humanidad y dignidad”, dijo Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Los portavoces de CABE destacaron los votos disidentes de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez y de los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Angel Colón López.

Nos hacemos eco del voto disidente del Juez Asociado Estrella Martínez al expresar lo siguiente: “el extremismo basado en el odio, el discrimen, la mofa y las ofensas representa una visión que se aleja de los postulados que, paradójicamente, algunos utilizan para validar esa conducta. En consecuencia, el mensaje que este Tribunal le envía a nuestros jueces y juezas y a la sociedad es nefasto. Esos estilos no deben tener cabida en la sociedad, mucho menos en los organismos rectores del Poder Judicial.”

De igual forma, suscribimos las siguientes expresiones de la disidencia de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez: “las expresiones públicas del licenciado Escribano son contrarias a la política de igualdad y cero tolerancia al discrimen del Poder Judicial, lo cual pone en tela de juicio su capacidad para evaluar objetivamente el desempeño de los jueces y juezas sobre asuntos relacionados con este tema”.

“Este acto nos parece una afrenta total y absoluta a la separación de Iglesia y Estado, que tiene que existir para el buen funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico. Es sumamente preocupante que se nombre a un activista del odio y el discrimen, abiertamente fundamentalista, que ejerce un rol como pastor de una iglesia que persigue a las personas LGBTTIQ+, a un puesto de tanta envergadura. Este acto envía un mensaje contrario al rol de la judicatura como guardián de los derechos individuales de todos los sectores de nuestra sociedad”, concluyó el licenciado Giancarlo Colberg Ferrer, portavoz de CABE.