El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón radicó legislación para hacer obligatorio un programa de clasificación y retribución de los empleados de la Asamblea Legislativa.

“Exhorto al liderato de la Cámara de Representantes a atender y aprobar esta medida de inmediato como mecanismo para el buen manejo de fondos públicos y como un esfuerzo preventivo contra la corrupción”, dijo el legislador al anunciar la medida (Proyecto de la Cámara 1981), en conferencia de prensa hoy en el Capitolio.

La pieza legislativa surge en momentos en que ha quedado al descubierto, en el juicio federal por corrupción que se sigue contra la ex representante novoprogresista, María Milagros Charbonier, un esquema mediante el cual la secretaria y recepcionista de la oficina legislativa recibía un salario inflado del que sacaba dinero para pasarlo a la entonces legisladora.

Márquez Lebrón dijo que al presente, en la Cámara, solo existe un plan de retribución y clasificación para los empleados administrativos. “Para los empleados legislativos se firmó una circular que estableció unas guías con unos salarios tope, según las funciones y las plazas de cada empleado, pero las mismas no son de carácter obligatorio y su implementación está sujeta a la discreción de cada legislador”, sostuvo el representante.

Indicó que la obligatoriedad que busca con la propuesta legislativa sería mediante una enmienda a la Ley de 19 de junio de 1968, conocida como la “Ley de los Salarios y Emolumentos para los Miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”.

Márquez Lebrón dijo que el plan de retribución y clasificación es el mecanismo que se utiliza para compensar a los empleados por su trabajo de manera justa y equitativa, agrupando en clases los puestos, según las similitudes en cuanto a la naturaleza y complejidad de sus deberes, el grado de autoridad y responsabilidad asignado a los mismos y la preparación académica y experiencia de los empleados.

Este mecanismo, sostuvo el legislador, crea un orden organizacional que fortalece el principio de mérito en la administración de los recursos humanos, garantiza el principio de igual paga por igual trabajo y promueve la transparencia, evitando posibles casos de corrupción.

Agregó que al presente, tanto la Rama Ejecutiva como la Judicial, cuentan con un plan de clasificación y retribución.