En otro revés judicial para el gobierno de Puerto Rico y sus finanzas en menos de 24 horas, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston denegó la paralización del embargo de las cuentas del Departamento de Salud, solicitado para el pago de los Centros de Salud Primaria 330.

Los jueces Sandra Lynch, William Kayatta y Ojetta Rogeriee Thompson acogieron la determinación del juez federal Gustavo A. Gelpí al dar el visto bueno al embargo de las cuentas de Salud para el pago de $5,131,304.78 que deben del total de $9,389,743, debido a que el gobierno pagó solamente $3,676,798.18.

El Primer Circuito ordena a la parte demandada a mostrar que, a menos que se paralice el embargo, sufriría daño irreparable y mostrar que no haría daño a otras partes, ni al interés público. Sería entonces cuando hagan una determinación final, "aunque fácilmente podemos decir que no creemos que cambie nuestra posición preliminar", advirtieron.

"Tenemos conocimiento de la situación precaria financiera en que se encuentra el Estado Libre Asociado. La crisis, sin embargo, al menos sin acción del Congreso, no justifica el no cumplir con una orden legal, especialmente cuando la corte de distrito ha sido tan paciente en emitirla", lee la decisión judicial emitida hoy, martes.

A finales de junio, Gelpí ordenó a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, a emitir "de inmediato" un cheque por la cantidad de $5,131,304.78 para los Centros de Salud Primaria 330, esto como parte de la orden de embargo emitida.

"La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, o persona designada, deberá emitir inmediatamente un cheque por la cantidad de $5,131,304.78 pagadero a secretaría de la corte", lee la orden de Gelpí, quien denegó una moción de reconsideración del gobierno ante la orden de embargo que emitió. 

“A pesar de la ley de Puerto Rico que prohíbe el embargo de fondos públicos, el interdicto de esta corte se ha mantenido como ejecutable por el Primer Circuito, y el Estado Libre Asociado ha admitido que no ha presupuestado los fondos adeudados”, indicó Gelpí en su orden. 

Gelpí advirtió que la otra alternativa es encontrar en desacato a los secretarios de Salud y de Hacienda, así como a otros oficiales gubernamentales. “La Corte ha escogido en numerosas ocasiones no proceder de esta forma, porque sería muy vergonzoso para el gobernador tener a miembros de su gabinete residiendo temporeramente en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo”, culmina su explicación. 

El gobierno procedió a radicar una solicitud de paralización de los procesos a nivel del Tribunal de Apelaciones, mediante recurso extraordinario.

 El 5 de junio pasado, Gelpí dio hasta el 17 de junio para que el Gobierno pagara los más de $9 millones adeudados a los llamados Centros 330, correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015, esto luego de escuchar a las partes en una vista el 3 de junio. Advirtió entonces en la orden que de no cumplir con el pago, tendría que tomar medidas como embargar las cuentas correspondientes al Departamento de Salud. 

"Ya habíamos depositado en corte $3.6 millones cuyo cheque fue cambiado y redimido en la Corte Federal. De igual forma, se le había pagado a la Playa de Ponce lo que le correspondía por acuerdo que era $1.6 millones, cuyo cheque también fue cambiado y redimido. Lo que significa que solo quedarían por pagar $4 millones que nosotros no reconocemos, ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de $5.4 millones y no de $9.4 millones", indicó entonces la secretaria de Salud, Ana Ríus, en un comunicado de prensa.

 "No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando. Quiero destacar que esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada", agregó Ríus.

 Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los Centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros. 

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc