Tres abogados presentaron ayer, miércoles, una demanda contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para frenar el alegado patrón de imponer gravámenes a vehículos para que agencias de cobro privadas puedan recuperar deudas echadas a pérdida.

Uno de los letrados que suscribieron la demanda, Hiram Torres Montalvo, explicó en declaraciones escritas cómo esas firmas se las ingenian para que el DTOP los ayude “de manera ilegal” a cobrar deudas añejas, aunque no estén ligadas a un préstamo o arrendamiento de auto.

“Digamos que usted dejó de pagar un préstamo personal o una tarjeta de crédito hace varios años porque se quedó sin empleo o tenía problemas económicos. Su banco le dañó el crédito y colocó la cuenta en pérdida. Usted por lo general se olvida del asunto y no hace más nada al respecto. Años más tarde comienza a recibir cartas de una empresa de cobro de dinero, la cual le compró su deuda al banco por varios centavos al dólar”, ofreció como ejemplo Torres Montalvo.

“Estas empresas acuden al tribunal, que emite órdenes de recobro. Luego la agencia acude al DTOP para que, de manera ilegal, anoten estos gravámenes sobre los vehículos de las personas. De esta manera, la agencia de cobro se asegura que usted tenga que transar con ellos a sus términos”, añadió sobre la situación que impide a los afectados poder renovar su marbete.

Según Torres Montalvo, las empresas Operating Partners, Midland y Legal Auto, entre otras, han acosado a cientos de ciudadanos al privarlos de su principal medio de transporte sin que un juez haya emitido orden alguna.

El abogado, quien impulsó con éxito la lucha contra el desaparecido sistema de fotomultas a principios de año, aseguró contar con “decenas” de casos de ciudadanos perjudicados por la práctica.

“Hay alguien en la oficinas regionales del DTOP que se está prestando para anotar los gravámenes como si se tratara de un caso judicial, pero la realidad es que no existe una orden de un juez a los efectos de ordenar el gravamen”, denunció.

“Cuando el ciudadano afectado no recibe su licencia, se comunica y es ahí que se entera de la situación. En DTOP le indican que no puede renovar su marbete hasta que se comunique con la agencia de cobro, la cual espera hasta ese momento para obligar al ciudadano al establecer algún acuerdo de pago o, de lo contrario, no puede volver a usar su carro”, sostuvo.

Por su parte, el licenciado Steven Batista exigió respuestas por parte del Secretario de Transportación, Miguel Torres Díaz, ante lo que catalogó como un “abuso constitucional sin precedentes”.

“En el presente caso se están anotando los gravámenes y condicionando el uso de vehículos privados sin que exista una orden de un juez. Sin lugar a dudas es un acto ilegal el cual es causa suficiente para entablar una demanda por daños contra el Estado”, puntualizó Batista.

Mientras que la abogada Karla Cruz anticipó que serán “miles los ciudadanos que se unan al pleito recién radicado”

Según informaron los licenciados, se considera como una violación al derecho constitucional del “debido proceso de ley” el privar a una persona del disfrute de su propiedad privada sin antes mediar una orden judicial a tales efectos.

Torres Montalvo exhortó a toda persona perjudicada por esta acción indiscriminada a comunicarse al correo electrónico seacaboelabusodtop@gmail.com.