Por una deuda que asciende a $4,658,457.70 y que “continúa aumentando día a día”, el propietario de los edificios en donde el Departamento de Educación alquila varias oficinas y que en la actualidad es la sede oficial del Departamento de Corrección, en Hato Rey, demandó a la agencia para desahuciarlos por falta de pago.

De inmediato, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, aceptó la deuda que han acumulado por los pasados años al ocupar varias oficinas del edificio que fue la antigua sede de la agencia y un anexo, mientras espera confiado en que haya una solución. Dijo que en el lugar, ubicado en la Urbanización Industrial Tres Monjita, se encuentra el Centro de Informática y la Oficina Central de Recursos Humanos de la agencia.

La demanda fue presentada este miércoles por el ingeniero Luis Rivera Siaca contra Educación por no emitir pagos desde junio de 2021 hasta el presente.

En comunicado de prensa, el representante legal del demandante, el abogado Charles A. Cuprill, informó que “tomar esta decisión ha sido muy difícil para Rivera Siaca por la larga relación que ha tenido con el Departamento de Educación, la cual data del 1969. Sin embargo, Rivera Siaca no puede continuar tolerando que el DE se mantenga ocupando sus propiedades sin pagar lo que contractualmente le corresponde. Rivera Siaca siempre ha cumplido con su responsabilidad como propietario, haciendo importantes inversiones para mantener las propiedades en óptimas condiciones en beneficio de las operaciones indispensables del Departamento”.

Informó que el propietario ha agotado los remedios administrativos y judiciales para reclamar los pagos, sin una respuesta satisfactoria. Estas incluyen reuniones con personal de la agencia, así como comunicaciones escritas con Educación y la Junta de Supervisión Fiscal.

Asimismo, el abogado denunció que en diciembre pasado Rivera Siaca participó de una subasta formal que realizó la agencia para el arrendamiento de las oficinas que actualmente ocupa en el edificio de su representado. Esa subasta, en la que Rivera Siaca fue el único licitador, no se ha adjudicado. Se alegó que la acción está en violación a los propios requisitos del Reglamento 9230 de la Administración de Servicios Generales.

“El arrendador ha hecho todo lo que está a su alcance para resolver esta situación, que pone en riesgo las operaciones del Departamento de Educación. Es insostenible para un arrendador no recibir pago alguno por más de 20 meses. Al igual que Rivera Siaca cumple con sus obligaciones, exige al DE cumplir con las suyas”, manifestó el abogado.

Educación reacciona

Por su parte, el secretario de Educación remitió unas declaraciones escritas en las que reaccionó a la demanda de desahucio.

Según explicó, “luego de asumir la jefatura de Educación hubo cambios dramáticos a las políticas públicas de arrendamiento, debido a señalamientos de la Junta de Supervisión Fiscal que, a su vez, originaron sendos referidos al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI)”.

Tales referidos fueron contra varios funcionarios de Educación, encabezados por el exsecretario, Eligio Hernández.

De hecho, el pasado 20 de marzo el PFEI designó a un fiscal especial independiente para investigar si la controversia, que involucra a Rivera Siaca, desemboca en una radicación de cargos criminales contra los exfuncionarios de Educación.

Según la denuncia, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) envió a Justicia un referido por concepto de pago del canon de arrendamiento de unas propiedades inmuebles cuyo contrato estaba vencido. Esas propiedades eran las de Rivera Siaca.

La investigación de Justicia apuntó a que en el periodo que comprende de junio de 2019 a enero de 2021, el DEPR efectuó pagos ascendentes a $4,754,014.81 a favor del ingeniero Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de dos propiedades, conocidas como la Vieja Sede y el Anexo.

“Los pagos se efectuaron mediante órdenes de compra para lograr que el sistema computadorizado efectuara el desembolso del erario para esos fines. El realizar dichos pagos constituye una actuación contraria al ordenamiento jurídico vigente”, explicó la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, Yolanda Morales Ramos.

Ramos Parés alegó que, en medio de esta controversia, la Junta denegó que se le diera un contrato a Rivera Siaca.

“Inmediatamente, habiendo recibido su denegación, el Departamento de Educación solicitó una reconsideración a la Junta, la cual fue autorizada de forma condicionada a cambios reglamentarios y procesos de subastas noveles, impuestos por la Junta. El Departamento de Educación, conforme a lo requerido por la Junta, realizó la subasta pública. Celebrado el proceso y habiendo recibido una sola propuesta, la recomendación del Comité designado para evaluar la misma fue negociar con la entidad, pues la propuesta contiene un precio mayor al actual. Nuestro interés es sostener el arrendamiento, pero bajo términos razonables que no rebasen el mercado de bienes raíces existente”, expuso.

Agregó que “confiamos en encontrar una rápida solución a esta controversia dentro de lo legal y la razonabilidad, tomando en cuenta que se trata de fondos públicos. De no poder llegar a acuerdos, el Tribunal deberá evaluar y emitir su juicio de conformidad con el estado de derecho”.