Gremios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) demandaron en el Tribunal federal para que se declare inconstitucional la Ley feederal PROMESA, se detengan y anulen todas las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal y se paralice la implantación de los planes fiscales, según un comunicado de prensa. 

La demanda en contra de la Junta de la JSF, el Gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos fue presentada ayer en la tarde por la Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE; la Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos de esa corporación (UMCFSE), representados por el Bufete Emmanuelli, C.S.P.

Los grupos sindicales exponen que la Ley Ley PROMESA viola las enmiendas decimotercera (13ra.) y decimoquinta (15ta.) de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia estadounidense, además de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otras convenciones internacionales.

 “La imposibilidad de votar por los funcionarios públicos federales, la privación del derecho al voto sobre la Junta de Supervisión Fiscal junto al menoscabo de las prerrogativas políticas del gobierno local, causados por PROMESA tienen su base en el racismo de los Casos Insulares, que restringe los derechos fundamentales, que son la esencia de la libertad civil consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. Esta subordinación política constituye signos e incidentes de la esclavitud ("badges and incidents of slavery"), que están prohibidos en las enmiendas 13ª y 15ª de la Constitución Federal, expresó uno de los representantes legales de los gremios en esta demanda, Rolando Emmanuelli Jiménez. 

Explicó que los signos e incidentes de esclavitud, se refieren a las acciones contra cualquier grupo racial o población a causa de su raza y que conducen al sometimiento u opresión política. 

“Al aprobarse PROMESA, el Congreso se desvió del mandato constitucional al privar al pueblo de Puerto Rico de sus derechos constitucionales de libertad política. De hecho, PROMESA genera el efecto opuesto a la libertad política”, reiteró Emmanuelli Jiménez.

Como parte de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, el gobierno promulgó legislación dirigida a socavar y menoscabar los derechos y beneficios laborales que garantizan la salud y el bienestar de los trabajadores de la CFSE.  Algunos incluyen: congelar la nómina; estandarizar la atención médica brindada a los empleados del gobierno; congelar la contratación con requisitos estrictos para las posiciones de relleno dejadas abiertas por desgaste o reducción de la fuerza de trabajo; limitar los días feriados a 15 días al año entre todos los empleados públicos; prohibir el arrastre de días de enfermedad y vacaciones entre los años fiscales y eliminar la liquidación de días de enfermedad y vacaciones.

El Plan Fiscal impone a la CFSE una reducción de aproximadamente $152 millones en gastos de personal de un total de aproximadamente $229 millones de reducción de costos a través de los cinco años del Plan Fiscal Certificado. Estas medidas perjudicarán inminentemente los derechos y beneficios laborales de los miembros de los  gremios demandantes. 

Esta demanda se suma a la presentada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y otras organizaciones laborales que cuestionan la constitucionalidad de la ley PROMESA.