El caucus de la mujer del Partido Nuevo Progresista (PNP) de la Cámara de Representantes y el Senado se reunió ayer, miércoles, con la procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez Garced, para delinear estrategias ante la nueva amenaza para eliminar la agencia.

Las medidas que tomarán no fueron divulgadas, pero la portavoz del PNP en la Cámara y vicepresidenta del PNP, Jenniffer González, aprovechó la ocasión para criticar duramente el intento del gobierno de fusionar las procuradurías en una Defensoría de Derechos Humanos.

“La insistencia de esta administración de dejar desprovistas a las mujeres de un recurso de defensa ante situaciones tan delicadas y reales como la violencia doméstica  y el acoso sexual, no solo dejan mucho de desear, sino que son una afrenta directa a la seguridad de las mismas. Sobre 6,500 casos fueron atendidos en el pasado año por la Procuraduría, lo que evidencia la importancia de esta oficina”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

La medida en controversia fue presentada el pasado 11 de mayo en la Cámara de Representantes. Esta crearía la Defensoría de Derechos Humanos, la cual estará compuesta por seis Defensorías Asociadas dedicadas a los siguientes temas: Equidad de Género, Personas de Edad Avanzada, Personas con Diversidad Funcional, Derechos Sociales y Económicos, Derechos Civiles y Constitucionales y Veteranos. Sustituirá la Comisión de Derechos Civiles, y las oficinas de los Procuradores de las Mujeres, de las Personas con Impedimentos, Edad Avanzada, Pacientes y Veteranos.

Aun cuando esta medida no sea aprobada, González señaló que el gobierno propuso un recorte de $600,000 al presupuesto del próximo año fiscal. Esta acción, a su juicio, “demuestra la insistencia del gobierno en limitar recursos a la defensoría de la mujer”.

“Es una falacia el ahorro que pudiera producir la supuesta consolidación que se espera ya que el gobierno planifica crear un organismo mucho más burocrático. Lo que sí es real, es la pérdida de sobre 200 empleos que incluyen a trabajadores sociales y coordinadoras de servicios y la pérdida de los fondos federales que reciben cientos de hogares y fundaciones dedicados a la mujer pudieran esfumarse al eliminar su autonomía e independencia fiscal y administrativa”, añadió.

Asimismo, González indicó que con la fusión de la Procuraduría de la Mujer están en riesgo más de $5 millones en fondos federales que cubren la línea de servicio, el pago de salarios de fiscales, el programa Pasos para la Mujer, el cual atiende a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, y la ejecución de planes de acción en conjunto con la Policía de Puerto Rico.