El Departamento de Justicia entregó hoy un informe preliminar a su personal de recursos humanos sobre el desempeño del Ministerio Público en el caso de violencia doméstica en Yauco que culminó en una masacre, incluyendo el feminicidio de la víctima, a fin de determinar si los fiscales que intervinieron hicieron algo “impropio” o actuaron de manera “incorrecta”.

Así lo explicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tras culminar una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, en la que se discutió el caso de Yauco y otros asuntos, incluyendo la implementación a partir del 4 de febrero de la Ley 89. Este estatuto persigue que los tribunales impongan la supervisión electrónica en casos de violaciones de órdenes de protección, maltrato agravado, privación de libertad y agresiones sexuales. A su vez, provee para imponer el grillete en casos de reincidencia, sin importar el delito del que se trate.

Trascendió que el informe preliminar estuvo a cargo de la fiscal Laura Hernández, directora de la división de Coordinación de las Unidades Especiales. Según Emanuelli, la pesquisa administrativa es más bien una autoexaminación para identificar elementos que se deban corregir.

Además, el secretario enfatizó que en el caso del feminicidio de Linnette Morales Vázquez, la responsabilidad obligatoria de imponer supervisión electrónica fue de la jueza de distrito que atendió el caso, Ginny Vélez Carreras. La jueza utilizó su discreción para dejar sin grillete al asesino (Wilfredo Santiago Figueroa), a pesar de que era reincidente y así lo disponía el informe del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). La jueza le impuso una fianza de $5,000 al imputado, al que se le encontró causa para arresto por maltrato.

De hecho, la jueza Vélez Carreras no atiende casos de Ley 54 de violencia doméstica desde la semana pasada, cuando el Poder Judicial inició una investigación en su contra, según confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

“Tenemos claro de que era obligación del tribunal de distrito, de la juez, poner el grillete electrónico. Pero nosotros hemos ido más allá. Queremos ver en qué otras cosas se pueden mejorar y qué si algo se pudo haber hecho mejor... para eso se entregó hoy un informe preliminar y yo, inmediatamente, lo remití a recursos humanos para que ellos puedan entrevistar a los fiscales o las fiscales que estuvieran envueltos en este caso”, acotó Emanuelli al agregar que “si se determinara al final que hubo algo impropio, una actuación incorrecta de las fiscales, entonces nosotros tomaremos la gestión que tengamos que tomar”.

¿Toda la culpa la tiene la juez? , se le cuestionó al jefe de Justicia.

“Yo no voy a caer en una cacería de brujas y menos voy a estar evaluando de primera intención, sin pasar a escuchar pruebas, una conducta de una fiscal. Aquí quien violó , quien se apartó de la ley fue la juez del distrito... no es cuestión de culpas. Es cuestión de uan responsabilidad que tiene el juez y una responsabilidad que tiene el Ministerio Público. Nosotros vamos a evaluar”, respondió Emanuelli.

Por su parte, el gobernador volvió a describir el feminicidio de Yauco como “una atrocidad” que le tocó muy de cerca, pues los fallecidos (la víctima de violencia de género, su hermano y la progenitora de ambos) son parientes de un empleado de La Fortaleza.

Pero, defendió la gestión del Negociado de la Policía y de Justicia reiterando que “aquí hay cientos de casos que se están atendiendo constantemente”.

“Hemos hecho grandes mejoras en la forma y manera que atendemos los casos de violencia de género. Las iniciativas son múltiples. Por ejemplo, aquí se hace una evaluación de riesgo para cada víctima de un delito de violencia doméstica”, expresó Pierluisi sobre una nueva herramienta que busca identificar mediante un cuestionario de 20 preguntas claves el riesgo de letalidad que tiene cada víctima que busca ayuda en la agencia.

Se trata de un cuestionario, que será parte del protocolo de investigación de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia y que fue creado por la profesora Jaqueline Campbell, quien dirige el departamento de enfermería de la Universidad Johns Hopkins (Maryland) en 1986. La implementación de la herramienta se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Coordinadora Paz para la Mujer.

“De igual manera, se han dado adiestramientos para cuando ocurren incidentes de estrangulación que surgen en este tipo de casos y eso no existía antes”, dijo por su parte, la jefa de fiscales Jessika Correa, al explicar que se les ha instruido a los miembros del ministerio público a tomar en serio este tipo de agresión, pues hay estudios que comprueban que una mujer cuyo agresor intenta estrangular tiene 700% de probabilidad de ser asesinada. Además, luego de sufrir este tipo de ataque, pueden tener problemas físicos agudos en un periodo de tres a cuatro meses, como lo es un derrame cerebral.

Por su parte, la fiscal Hernández tomó la palabra y, en un tono enérgico, mencionó que anualmente se reciben unas 7,000 querellas de violencia doméstica, “y nosotros no podemos procurar que un caso mancille la reputación y la imagen de un sistema porque lo que estamos promoviendo es que las víctimas no busquen ayuda, queden desprotegidas y estén en un riesgo mayor”.

“Nosotros estamos aquí hoy, reunidos con el señor gobernador y diciéndole al pueblo que confíen en lo que nosotros hacemos... porque nosotros estamos dejando literalmente todas nuestras energías para nosotros evitar que sigan matando mujeres en Puerto Rico”, agregó Hernández notablemente emocionada.