La contralora Yesmín Valdivieso referirá al Departamento de Justicia la carta en la que el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, le solicita ayuda para tratar de descifrar dónde está la guagua blindada que se ordenó en febrero de 2018 para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a un costo de $245,000.

En entrevista con Primera Hora, la funcionaria expuso que “creo que el Departamento de Justicia tiene el poder de hacer algo. No es que se lo esté pasando. Si esa guagua blindada ya se pagó por ella, eso quiere decir que eso es un activo del gobierno de Puerto Rico. Esta guagua tiene que estar aquí, tiene que empezar a usarse”.

Señaló que es Justicia la agencia que tiene el poder para enviar una carta a la empresa Texas Armoring en San Antonio, Texas, para reclamar su entrega o comenzar un pleito legal.

Valdivieso adelantó que tendría una comunicación telefónica con la secretaria de Justicia, Denise _, a eso de las 3:00 p.m. para conversar sobre la controvertible guagua blindada.

“Vamos a ver qué solucionamos con esto”, sentenció, al aceptar que se retractaba de su idea inicial de enviar un auditor a Texas para conocer detalles del paradero del costoso vehículo.

Mientras tanto, Janer también indicó en unas declaraciones escritas remitidas a este diario que “el Departamento de Seguridad Pública no descarta solicitar una investigación al Departamento de Justicia ni entrar en procesos legales para proteger el desembolso de fondos del pueblo de Puerto Rico, de ser necesario”.

Primera Hora espera porque el Departamento de Justicia comunique qué hará para reclamar la guagua o la devolución del dinero.

Justicia espera por comunicación escrita

Por su parte, Longo Quiñones indicó a Primera Hora que “el Departamento de Justicia no ha recibido comunicación escrita de la Hon. Yesmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico, sobre el vehículo bajo el contrato con Texas Armoring. Toda comunicación y referido que fuese entregada a nuestra atención en un futuro será objeto de evaluación e investigación, cuando así lo amerite, conforme a nuestro deber ministerial”.

La controvertible guagua blindada, una Chevrolet Suburban 2018, fue adquirida por la Oficina de la Administración de La Fortaleza el 23 de febrero de 2018 para -supuestamente- reforzar la seguridad del renunciante gobernador Rosselló Nevares.

En julio de ese año salió a relucir la compra por un costo de $245,000. El exgobernante aceptó que el precio era excesivo y pasó el vehículo al Negociado de la Policía de Puerto Rico, específicamente a su unidad especializada S.W.A.T. Este nuevo uso requirió unos cambios que aumentó el precio a $261,000, reveló el exsecretario de Seguridad Pública, Elmer Román, en octubre pasado.

La guagua fue saldada el 25 de octubre de 2018 con dinero de la Policía y se suponía que para abril de 2019 estuviera en la Isla. Pero, “al día de hoy, la propiedad no ha sido entregada ni a la Administración de Servicios Generales (dueño fiscal de la propiedad) ni al Departamento de Seguridad Pública”, detalló Janer en la carta que le envió a la contralora para solicitarle su asistencia en esta controversia.

Ante la polémica, Valdivieso indicó que “es definitivamente frustrante” lo que acontece en el gobierno con la compra de equipo y tecnología que queda en desuso o se descarta sin ni siquiera utilizarse. De hecho, llegó a decir que los casos como el de la guagua blindada le dan “angina de pecho”.

“Y eso, que no estoy entrando en si fue o no una idea correcta en comprarla”, soltó.

“La inversión en tecnología, en construcciones que después no tienen utilidad es más común de lo que yo quisiera ver. Hace cuatro años sacamos un informe de que en tecnología habían $120 millones sin utilidad. Ayer, (martes), sacamos el informe de la Autoridad de Carreteras con un contrato del 2014 que desde entonces se han pagado $543,000 en una aplicación que al día de hoy nadie lo utiliza. Nosotros no somos árabes con dinero para botar, somos una islita en el Caribe completamente quebrada ¿Por qué tenemos que invertir en estas cosas que no se usan? No puede ser así”, añadió Valdivieso.

El secretario de Seguridad Pública, por su parte, explicó que en un inicio le refirió el caso a la Oficina del Contralor, “porque en esta transacción se desembolsaron fondos públicos y, además, porque se trata de un ente independiente”.

“La transacción involucra diversos componentes del Departamento de Seguridad Pública, por lo que sería impropio realizar una ‘auto-investigación’”, agregó.

Según explicó el funcionario en su carta a Valdivieso, la empresa a la que se encargó la guagua no ha querido responder dónde está. Les han indicado en correos electrónicos y comunicaciones telefónicas que solo responderían qué pasó con el vehículo a dos funcionarios que ya no laboran en La Fortaleza y que fueron identificados como Mike Avilés y Jesús Hernández.

"Ante la cantidad de fondos públicos que fueron desembolsados por el gobierno de Puerto Rico y la inexistencia de una entrega de la propiedad adquirida, solicito que su oficina lleve a cabo una investigación exhaustiva en torno a la adquisición del vehículo en cuestión", fue lo que solicitó Janer a la contralora.

Aun cuando solicitaron la asistencia de la contralora, el funcionario indicó que se “continúa haciendo gestiones para detallar el tracto actual de la transacción y conocer las razones por las que los servicios pagados no se han entregado”.