Los únicos que pueden estar contentos con la eliminación de la Procuraduría de las Mujeres son los agresores, dijo ayer la presidenta del Proyecto de Ayuda a Sobrevivientes de Violencia Sexual y Doméstica (Pasos), Linda Lara, al lamentar que el gobernador pretenda suprimir el organismo para trasladar sus funciones al Departamento de la Familia.

Lara no está sola en su reclamo de que Alejandro García Padilla revierta su decisión: líderes del movimiento feminista que están al frente de organizaciones que les brindan albergue a las víctimas de la violencia de género coincidieron en que el mandatario comete un grave error al proponer el cierre de lo que originalmente fue la Comisión de Asuntos de la Mujer.

La presidenta del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, también se manifestó en contra del traslado a Familia, paso que describió como particularmente perjudicial para las inmigrantes.

“Muchas veces los mismos abusadores son los que llaman a Familia y dicen que sus hijos no están en un lugar seguro y la custodia se la dan a ellos”, dijo.

Grullón mencionó que las inmigrantes temen acudir a esa agencia por temor a que no las reconozcan como víctimas.

Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues, señaló que Familia en algunas ocasiones también condiciona el no quitarles los hijos a las víctimas a que ellas vayan a un albergue, “que es revictimizarla”.

Rivera agregó que el rol de fiscalización de la Procuraduría no puede quedar tampoco en manos de una de las agencias a ser fiscalizada.

Ileana Aymat, directora del Hogar Ruth, le solicitó ayer al Gobernador que no invisibilice la lucha de la mujer, colocando la defensa de sus derechos en un programa terciario.

“Esto nos echa para atrás”, subrayó Lara, quien denunció que ella llama a Familia y “nadie contesta los teléfonos”, que hay que “ir bien arriba para lograr cosas” allí.

Las defensoras de los derechos de las mujeres rechazaron igualmente que el Gobierno vaya a ahorrar dinero con el cierre de la Procuraduría. El gobernador, de hecho, dijo ayer que el ahorro sería en agua y luz.

La procuradora Wanda Vázquez indicó que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) le ofreció un lugar para operar y que iba a hablar con el presidente de ese gremio.

Vázquez, que logró comprometer ayer al gobernador a una reunión entre ambos, no descartó acudir a los tribunales en defensa de la permanencia de la dependencia que dirige.