La defensa del exsenador Antonio Soto, mejor conocido como "El Chuchin", busca un acuerdo con el Ministerio Público para evitar que el exlegislador tenga que ir a prisión, de ser encontrado culpable de cobrar dietas legislativas de forma fraudulenta.

“Ellos (los abogados de defensa) hicieron una solicitud”, dijo de forma escueta a preguntas de este medio el fiscal especial independiente (FEI), Emilio Aril.

Los abogados negaron haber solicitado el acuerdo, pero tampoco descartaron una negociación.

“Hasta este momento no”, dijo el licenciado Pablo Colón cuando se le preguntó si le habían hecho acercamientos a los fiscales. No obstante, Colón indicó que “en el ambiente en que nos movemos los abogados penalistas, eso es algo que no podemos descartar y esa es una de las cosas que estaremos evaluando en los próximos días”.

“De nuestra parte no ha habido ninguna solicitud. No, en los casos nuestros”, sostuvo el licenciado Colón, quien representa a Soto en el caso por evasión contributiva y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental incoada en su contra. Los abogados José Torres Nolasco y Pedro Rivera Martínez completan la defensa del exlegislador novoprogresista en ese caso.

Por su parte, la abogada Griselle Hernández, quien representa a Soto en los cargos de apropiación ilegal de fondos públicos y falsedad ideológica, dijo que tampoco ha buscado un arreglo para su cliente.

“En este momento no”, respondió al ser preguntada si había pedido negociar con los fiscales.

Junto Aril tienen a su cargo la prueba, el fiscal delegado de la Oficina del FEI Manuel Núñez Corrada y el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Integridad Pública, del Departamento de Justicia.

Como parte de la prueba del FEI, ya se había anunciado que cuentan con documentos de líneas aéreas, hoteles y otras evidencias que prueban que Soto estaba ausente de los trabajos legislativos por los que facturó el dinero de las dietas.

Después de reunirse en privado, los fiscales y abogados le informaron al juez Harry Massanet que habían concluido el descubrimiento de prueba. “Los fiscales nos dieron a la mano la prueba documental que faltaba”, dijo el licenciado Colón.

El juez le concedió hasta el 12 de marzo al acusado para que informe al tribunal si el juicio, de verse, será por jurado o por tribunal de derecho, que el proceso en el que el juez decide, sin constitución, ni intervención de un jurado.

Soto no estará presente ese día en la vista porque la abogada Hernández dijo que estará de viaje en el estado de la Florida. El juicio está en pie para el 2o de marzo, en la Sala 1003 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Soto, quien ocupó un escaño legislativo por Guayama, está acusado de 13 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos y 13 de falsedad ideológica, por supuestamente cobrar $2,106 en dietas legislativas, mientras se encontraba de viaje en la República Dominicana.

Por cada uno de los cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, el exsenador podría ser sentenciado a 10 años de cárcel, como pena fija y sin el privilegio de optar por una sentencia suspendida o probatoria. Además, el juez podría sentenciarlo a restituir el dinero que se alega cobró ilegalmente.

Además, se le imputan violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y proveer información falsa en las planillas de contribución sobre ingresos. En estos últimos cargos también está acusada su esposa, Agnes López Díaz.

 El 15 de septiembre de 2011, Soto renunció a su escaño en el Senado en medio de un escándalo relacionado a que alegó que recibió como regalo un lujoso carro Bentley, valorado en $400,000 de una persona que le pidió anonimato. El Código de Ética del Senado prohíbe que los legisladores reciban regalos.

Al salir del tribunal del Tribunal, Soto se pronunció aferrado a la fe cristiana.

“Estoy tranquilo. La última palabra la tiene nuestro señor Jesucristo”, dijo Soto.