El juez Anthony Ramos Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró en la tarde de este martes “no ha lugar” la demanda presentada por el exrepresentante José Luis Rivera Guerra, a quien preliminarmente se le adjudicó una derrota por 115 votos antes Yanitsia Irrizary por la candidatura a alcalde de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El recurso legal, presentado ayer, lunes, contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el PNP e Irizarry buscaba que se declara nula las primarias en Aguadilla.

El juez estipuló que la parte que no estuviese conforme con su determinación, de una sola página, deberá presentar un recurso de apelación, revisión o certiorari. Mientras, ordenó el archivo de la demanda.

Rivera Guerra no pudo establecer, de inmediato, el preceder que tomarán. Señaló a Primera Hora que no había logrado contactar a sus abogados.

Según establecía la petición urgente sobre impugnación electoral, radicado por los abogados Hilton García y Giovanny Aloso, el exlegislador solicitó que se “declare nulo el proceso de primarias en Aguadilla o que en su defecto, (se) deje sin efecto la certificación parcial de la CEE en cuanto al resultado de las primarias para la candidatura de la alcaldía de Aguadilla por el PNP, ordene que se abran todos los maletines electorales y se realice recuento de votos de forma manual, con cualquier otra determinación que en derecho proceda”.

Rivera Guerra dijo a que su petición “no es un pataleteo ni lloriqueo”. Afirmó que hubo muchas irregularidades en el proceso electoral, que van más allá de que los colegios abrieron tarde o que no llegó todo el material electoral.

Explicó que en Aguadilla no se contaron tres colegios de votación, porque las máquinas de escrutinio se dañaron, así como alegó tener evidencia de que hubo electores afiliados a Irizarry a los que se les dio dos papeletas para votar.

“Eso es injusto también”, señaló.

Irizarry, por su parte, afirmó que la demanda es una reacción de una persona que perdió una contienda.

“A nadie le gusta perder. Hay reacciones en una legal y otras de carácter personal, que son procesos de asimilar”, señaló.

Más allá de esta expresión, la alcaldesa de Aguadilla expuso que “estoy convencida de que habré de prevalecer y enfocada de trabajar por mi pueblo”.

Dijo que dejó en manos de su abogado, Homero González, todo lo referente a la controversia legal.

Cabe destacar que la demanda, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, establece que “las primarias celebradas fueron un proceso completamente atropellado y contrario a las disposiciones del Código Electoral y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es un hecho público y reconocido que la CEE no estaba preparada para el evento de primarias y esa falta de preparación impidió garantizar el cumplimiento de su misión según consta en el propio Código Electoral. La CEE no pudo cumplir con los deberes que le impone la Ley, lo que ocasionó que no estaba preparada para garantizar que la voluntad del elector, expresada mediante su voto, fuera respetada y debidamente adjudicada. Nadie pudo garantizar la protección, integridad y custodia de los votos, todo lo cual constituye una grave violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos y a la democracia”.

Se alegó que, por todas las irregularidades reportadas, ocurrió una “violación crasa” a los derechos de los electores de Aguadilla. Por ello, radicaron la demanda.

Entre las irregularidades, se esbozaron que “el día 9 de agosto de 2020 la CEE no pudo suplir adecuadamente el material electoral para todos los colegios electorales es por lo que el evento electoral fue uno viciado y limitado lo que afectó severamente la pureza de los procedimientos conformes a la regulación aplicable”.

“A todo esto, al accidentado proceso electoral se suman un sinnúmero de irregularidades que hacen de la “elección” de la incumbente Yanitzia Irizarry Méndez una completamente ilegal”, se añade.

Se planteó que se incluyeron personas a las listas de votos de los encamados que no figuraban en el listado original, durante una segunda ronda de votación que estableció la excomisionada del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago, por las dificultades que tuvo el partido en su voto adelantado.

“En ese segundo grupo de encamado que se crearon de tres rutas donde hemos podido identificar al menos tres casos de personas encamadas que ya habían ejercido su derecho al voto, en crasa violación de la ley”, dice la demanda.

Además, establece que “tenemos funcionarios de varias unidades, disponibles a prestar testimonio del hecho de la entrega de doble papeleta a la alcaldía a los electores identificados con la demandada Yanitsia Irizarry, esto debido a la falta del balance de funcionarios durante el proceso en el municipio de Aguadilla”.

Asimismo, se indicó que no se levantó un acta dentro de las 24 horas siguientes a la celebración de las primarias, como establece el Código Electoral. Esto se debió a que se paralizaron las votaciones cuando la mayoría de los pueblos no habían recibido las papeletas pasadas las 2:00 p.m.

“Este es otro hecho que violentó los derechos constitucionales de los ciudadanos de Puerto Rico, minando más aún la confiabilidad del proceso electoral y la protección del voto en Aguadilla”, se afirmó.

“En síntesis, en el presente caso no hubo el acceso universal que exige nuestra Constitución ante la realidad de que miles de ciudadanos no pudieron votar. De igual forma, no se les protegió el voto ya emitido al no custodiar adecuadamente los maletines conteniendo las papeletas votadas. El mismo proceso de suspender, dividir y no custodiar ni certificar conforme a derecho, es precisamente el defecto del cual nos advierte nuestra Constitución y pretende evitar”, concluye la demanda.