El Departamento de Salud (DS) puso objeciones a la creación de la “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Partos en Puerto Rico”, esto durante una vista pública conjunta de las Comisiones de Salud y Asuntos de la Mujer en la que la medida recibió el aval de diversas entidades y el rechazo de otras.

La agencia incluso solicitó que se pospusiera la aprobación de la medida porque ha habido, aseguraron, progreso que ha mostrado una estrategia que está llevando a cabo una alianza, contra partos prematuros, entre el Departamento de Salud, March of Dimes, Asociación de Hospitales y el Congreso de Obstetras y Ginecólogos y otros.

El Proyecto del Senado 363 de la autoría del senador del PIP, Juan Dalmau Ramírez, pantea que para el 1980 la tasa de cesáreas era de un 18.2% y que de  acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, en el 2010 el 46.3% de los alumbramientos en nuestra Isla fueron cesárea.

En el proyecto también se dice que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado como aceptable una tasa de 10-15%, lo que coloca a Puerto Rico más de tres (3) veces sobre ese nivel, muy por encima de jurisdicciones como el Reino Unido (22%), España (26.2%), Estados Unidos (32.8%) e Italia (38.2%). Lo más alarmante es que, según el Departamento de Salud, 55% de las cesáreas realizadas aquí nunca presentaron factores de riesgo en sus embarazos, lee la medida.

El Doctor Fernando Villar, quien asistió a la audiencia pública en representación del Director del Programa de madres y niños, Dr. Manuel Vargas Bernard y del Secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, señaló que desconocen la procedencia de los datos usados en la medida, como por ejemplo cuando dice que la tasa de 55% de cesáreas realizadas no tienen ninguna justificación médica.

“Los planteamientos del departamento no tienen que ver ante el proyecto que está ante vuestra consideración. Lo que persigue la medida es que haya un diálogo entre médico y paciente”, planteó el autor de la medida.

Dalmau Ramírez también indicó que algunos de los planteamientos que ha advenido en conocimiento sobre algunos médicos es que estos afirman que el proyecto de ley serviría como un tipo de carpeteo, y le preguntó a Shakira Lebrón, quien asistió en representación de la Procuradora del Paciente, Edna I. Díaz De Jesús, sobre si entendía que la medida pudiera catalogarse como carpeteo a los médicos a lo que esta contestó en la negativa. “Entiendo que esto no se da para un carpeteo. No se presta para eso. Es para que el paciente este más informado”, aseguró la licenciada.

De hecho, la Oficina del Procurador del Paciente endosa la medida. “Con lo propuesto en el Proyecto del Senado 363 los pacientes tendrán una herramienta muy útil para tomar una decisión tan importante como lo es la forma en que traerán su bebé a este mundo.”, acotó la licenciada Lebrón.

La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) también endosa la medida debido a que según estos, “es imprescindible y de vital importancia que el Gobierno a través del Departamento de Salud, reciba todas las estadísticas posibles de aspectos médicos importantes identificados, que de una u otra forma, afectan nuestra población”.

“Respaldamos la iniciativa de este Proyecto, pues el mismo haría obligatorio y no opcional, el referido de estadísticas de las mujeres embarazadas y los partos en Puerto Rico. Como mencionamos anteriormente, esta información ayudará al Departamento y Secretario de Salud a establecer normas y políticas públicas de salud que ayudarán a concentrar los esfuerzos para este grupo etario”, enfatizó el Dr. Israel Ayala, Director Médico de ASEM y en representación de su Director Ejecutivo, Jorge Mata.

Otras entidades a favor del P del S 363 fueron la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) y PROMANI. Entidades que se exponen a la misma los son el Colegio de Médicos Cirujanos por entender que duplica la información que ya se reporta al DS. Además se opone la Puerto Rico Obstetrics and Gynecology, Inc. (PROGyn), una organización sin fines de lucro. Estos aseguran que la medida tiene “duplicidad del mandato legislativo y el posible daño a la vida de los pacientes”.