El Departamento de Educación (DE) encaminó un trámite administrativo para suspender a 12 de 20 maestros acusados la semana pasada por las autoridades federales en el caso de fraude imputado a la empresa Rocket Learning.

De los 20 educadores acusados en la segunda parte del operativo denominado “Malas Notas”, solo 12 se encuentran activos en el sistema público de enseñanza y a esos profesores se les cursó una carta para notificarles suspensión sumaria.

Esos 12 maestros, que laboraron con Rocket Learning, tienen hasta el 10 de marzo para responder si se acogen a la determinación del DE o si reclaman una vista administrativa, explicó Cossette Donalds Brown, portavoz del sistema público de enseñanza. 

Donalds Brown precisó que el jueves pasado se envió una carta certificada a los 12 maestros que han laborado en escuelas de Adjuntas, Jayuya, San Lorenzo, Toa Baja, Camuy, San Juan, Cayey, Mayagüez y San Juan, entre otros pueblos. 

De no contestar la carta, no se celebra vista administrativa y continúa la investigación de la División Legal, que eventualmente le hace una recomendación al Secretario sobre qué medidas disciplinarias proceden contra los acusados a nivel federal, explicó Donalds Brown.

Una vez el Secretario del DE recibe la recomendación de la División Legal, debe emitir una notificación a cada maestro acusado con una determinación final de la medida disciplinaria que se aplica en su contra.

Los acusados a quienes se les notificó suspensión sumaria son María I. Plaza Ferra, Aracelis Rivera Rivera, Wanda Figueroa Figueroa, Keila C. Silva Sánchez, Mónica Ortiz Alicea, Nayda Torres de León, Guillermo E. Morales Muñiz, Raquel Román Bonilla, Laurie Baerga Castro, Ángel Vélez Rosa, Ana Oben Rivera e Idalis Torres Torres.

El resto de los acusados, que no están activos al momento en el Departamento de Educación, son: 

Maritza Rosario Medina, Mariam Candelaria, Margarita Arroyo Heredia, Annette Coppin Bald, Jessica Marrero Santana, Ivelisse Vázquez García y Joel Torres Beltrán, quien fue arrestado en Ohio.

La vista de lectura de acusación contra el grupo de 20 maestros está programada para mañana, jueves, en el Tribunal Federal, en Hato Rey.

Nueve de esos 20 maestros acusados la semana pasada a nivel federal por supuestamente llevar a cabo un esquema de fraude para cobrar por servicios de tutorías nunca ofrecidas a cientos de alumnos son o eran miembros de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

Este miércoles, la presidenta de la citada organización, Aida Díaz, lamentó profundamente las acusaciones y reconoció que laceran “enormemente” el magisterio puertorriqueño.

“Hemos visto gente que como que no pensó lo que estaban haciendo. Es un golpe grande al magisterio”, señaló Díaz.

Destacó que la AMPR realiza orientaciones en las escuelas y directamente a maestros para evitar estas prácticas, pero recordó que en este caso, son maestros que trabajan para compañías privadas, “que a veces los mandan a hacer cosas y no tenemos injerencia”. Es por esto que los abogados de la Asociación no los puede representar, sostuvo.

En el pliego acusatorio se alega que los maestros usaban estudiantes para firmar bajo otros nombres para justificar los servicios de tutoría inexistentes para recibir fondos de Título 1.

Las expresiones de Díaz surgieron previo a una presentación que ofreció en la sede de la AMPR para consignar la oposición de la entidad a la llamada Reforma Educativa o Proyecto de Ley 1456, que ya pasó el crisol del Senado, pero está pendiente de consideración en la Cámara de Representantes.

Al explicar su oposición a la medida recordó que la AMPR siempre ha rechazado la privatización en el DE y se refirió, como ejemplo de esas prácticas los contratos otorgados a Rocket Learning, entidad privada que ofrecía hasta 2013 servicios de tutoría a estudiantes de las escuelas públicas.

Puntualizó que esa empresa se le dieron $160 millones en fondos públicos "y ya sabemos lo que hicieron con ellos en la cara de todos nosotros". Como parte del caso de fraude en la corte federal, decenas de empleados gerenciales de Rocket Learning han sido acusados. 

"No podemos permitir que el sector privado se adueñe de las escuelas. Si no salvamos la escuela pública ahora, la perdemos para siempre", expresó Díaz.