El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, dijo hoy que concederá "espacio" a su subalterna Carmen Villar Prados, directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras (ACT), para que finalice la negociación de la extensión del contrato existente con la empresa matriz de Metropistas.

La negociación sobre la operación de las autopistas PR-22 y PR-5 por 10 años adicionales con Metropistas ha generado debate público, pero Torres afirmó que no hay un acuerdo final todavía. 

Las negociaciones con la empresa Abertis, la matriz de Metropistas, fueron divulgadas por El Nuevo Día el jueves pasado, pero Torres insistió en que no hay un acuerdo firmado. 

En tal sentido, quedan en el aire interrogantes como el uso que se le dará a $115 millones que recibiría el gobierno por la extensión y si la transacción representa aumentos adicionales en los peajes de las dos importantes vías. 

"Eso es algo que está trabajando la gerencia de la ACT en conjunto con el BGF (Banco Gubernamental de Fomento). Estamos a la espera de que se reciba la determinación final de la viabilidad de la transacción. Todavía no hay un documento final", dijo Torres cuando se le preguntó cuándo entraría en vigor un aumento en la tarifa de los citados peajes cuyo precio ha subido anualmente, según el contrato original con Metropistas. 

Según trascendió, parte del acuerdo incluye que se modifiquen los peajes existentes para que se cobre en ambas direcciones. Igualmente la ACT ha accedido en bajar a 25% los ingresos que recibirá por el cobro de peaje en el llamado "peaje dinámico" que discurre entre Toa Baja y Bayamón.

"Eso es un asunto operacional de la ACT y los términos y condiciones de cómo se estructura… en dos vías. Voy a presumir que tiene que haber una reducción en el peaje (por dirección)", aseguró Torres.

El funcionario dijo que la ley que ordenó la creación de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) estipula que el dinero recibido por una transacción como esta podría ser utilizado en una amplia gama de formas, incluyendo pagos al BGF o desembolsos para mejoras capitales. 

El BGF ha sido declarado en estado de emergencia y tiene que emitir antes del 1 de mayo un pago de $420 millones en bonos.

Cuestionado sobre la manera en que se negoció el acuerdo con Albertis, lejos de la atención pública, Torres planteó que el BGF está en crisis fiscal. "Se han evaluado diferentes alternativas y esta es una de ellas”, comentó.

La ACT tiene una deuda de $2,200 millones con el BGF.

"Fue deuda que se emitió en el pasado y sin fuente de repago", recordó.

Torres dijo que se producirá un escrito anunciando cuando se finiquite el acuerdo con Albertis, pero no quiso responder si considera bajo el pago de $115 millones por una extensión de 10 años. 

"Se ha trabajado con nuestros asesores. Han hecho unas recomendaciones de lo que es la expectativa y razonabilidad de la transacción. Me voy a remitir a esas recomendaciones y le voy a dar espacio a la directora ejecutiva de la ACT", agregó.