Dan un paso alante: alcaldes del oeste impulsan nuevas restricciones ante alza de casos de COVID
La tasa de positividad del virus en algunos pueblos de la región oeste es sobre 14% más del doble de lo que registran algunas poblaciones en el área metropolitana.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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Nuevas restricciones para desacelerar los casos de COVID se vislumbran para los residentes de la zona oeste del país, donde alcaldes de varios municipios afectados por el nuevo repunte de contagios ponderan activar a partir de esta semana medidas que van desde cierre de establecimientos en horarios más tempranos, ley seca en horas y días específicos, retomar los servicios por cita en entidades gubernamentales y obligar a los comerciantes a exigir la certificación de vacunación contra el virus entre los clientes y empleados de sus establecimientos.
En las últimas semanas la isla enfrenta un aumento de un 1.4% a un 7.1% en la tasa de positividad del COVID-19, lo que evidencia un ritmo acelerado de infecciones que ha preocupado a la comunidad científica y que ha puesto en jaque nuevamente a los líderes del gobierno sobre qué medidas deben tomarse para controlar los casos.
La zona oeste y central de Puerto Rico ha sido la más afectada considerando que más de 15 municipios confrontan un escenario de hasta un 14% de positividad en sus comunidades (más de la mitad de la tasa que se han registrado en la zona metro), lo que ha puesto contra la pared a varios ejecutivos municipales que consideran poner en vigor a partir de esta semana nuevos controles en sus poblaciones.
Mientras, el gobierno central retornó a la exigencia del uso de mascarillas en espacios cerrados a partir de hoy, independientemente del estatus de vacunación, como medida cautelar ante el repunte de coronavirus. También se restaurará las multas de $100 por individuo y $500 por negocio que no cumplan con la nueva directriz. El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, habían eliminado el uso de mascarillas para las personas vacunadas a través de una orden administrativa que entró en vigor el 5 de julio. También se dejó sin efecto el límite de cupo en establecimientos, decisiones que fueron criticadas por expertos en epidemiología.
Según datos analizados por el gerente de investigaciones del Puerto Rico Public Health Trust, Marcos López Casillas, basado en los datos ofrecidos por el Departamento de Salud, la mortal enfermedad ha afectado desde el 15 de junio hasta el 25 de julio a 4,644 personas de las cuales 1,247 (27%) corresponden a los grupos de 0 a 19 años y 1,055 (23%) a ciudadanos entre 20 a 29 años. Entre ambos grupos ocupan el 50% del total de contagios registrados en las pasadas seis semanas.
El alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz, confirmó que la mayoría de los casos registrados en su municipio son entre jóvenes de 20 a 30 años. “Esta es la misma población que no quiere vacunarse por x o y razón y son los que ponen en riesgo a familiares adultos y niños. Y son esos también los que se pasan de chinchorreo sin tomar las medidas necesarias de mascarillas”, sostuvo el ejecutivo municipal.
Su opción ante este panorama, dijo, es regresar a las medidas restrictivas del pasado mediante órdenes administrativas.
“Vamos a hacer una orden ejecutiva para nuevamente exigir que haya distanciamiento y se eviten las aglomeraciones en los lugares, particularmente en los negocios. A nivel municipal, aunque se había eliminado, nosotros continuamos exigiendo en las dependencias el uso de mascarillas. Pero este repunte nos obliga a tomar medidas preventivas y estamos en el proceso de obligar a los dueños de negocios que exijan el certificado de vacunación a sus empleados y clientes. Ahí es que tenemos que ser rigurosos porque ese porciento que no se está vacunando es el que pone en riesgo a la ciudadanía”, acotó al precisar que el sábado habrá una actividad de vacunación en el pueblo para las personas mayores de 12 años.
En Maricao hay cerca de 6,000 residentes, de los cuales el 50% ha completado la dosis de vacunas requeridas por las autoridades sanitarias.
De otra parte, el ejecutivo municipal mostró preocupación por el cercano regreso a clases presenciales y adelantó que se comunicará con el Departamento de Educación para solicitar que todos los empleados -docentes y no docentes- de las cuatro escuelas públicas del municipio tengan la vacunación al día.
“Eso es algo que me preocupa porque estamos en medio de un alza de casos y comenzarán las clases presenciales.... tenemos que proteger a esa población menor de 12 años que aún no puede vacunarse”, insistió.
Mientras, el alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García, dijo que en su pueblo los contagios de coronavirus se han disparado “de manera increíble”.
“Para que tengas una idea, del 6 al 13 de junio nosotros tuvimos cero casos de COVID y ahora tenemos 42. Ese disparo ocurrió en un mes y nos preocupa. Actualmente, la tasa de positividad es de un 14% y eso es altísimo. Y eso que tenemos a un 60.6% de la población completamente vacunada y un 66.7% con al menos una dosis. Esos son números excelentes, pero la población joven, entre 18 y 30 años está reacia a vacunarse. Y con eso tenemos que bregar. Hay unos que dicen que no se la ponen porque les inyectarán un ‘chip’ en la piel y otros que familiares los han llamado de Estados Unidos para que no se vacunen”, explicó.
En un intento por frenar los contagios, el alcalde de Hormigueros ha decidido retornar a las citas para aquellos que requieren un servicio en alguna dependencia municipal. Además, al igual que el ejecutivo de Maricao, exigirá a los comercios que exijan las pruebas de vacunación entre sus invitados y clientes. Esa misma medida va para los empleados municipales, advirtió.
“Ahora mismo, todo este problema se resuelve con las medidas de prevención que se hacían antes y que la gente dejó de hacer por bajar la guardia y con la vacunación. Así que hay que tomar medidas agresivas en esa dirección y la ley nos permite hacerlo, porque este es un asunto de vida o muerte. En situación de emergencia se toman medidas de emergencia. Y aquí hay un peligro inminente para los menores de 12 años que no se pueden vacunar y con las personas vulnerables que si se enferman pueden afectarse gravemente. Tenemos que exigir la certificación de vacunación a todo el mundo”, expresó García.
En Lajas, la historia es similar, y el alcalde Jayson Martínez lleva días discutiendo con el equipo de epidemiología del municipio las razones que han llevado a un repunte en el pueblo costero.
Expresó que actualmente hay 45 casos activos. Hace un mes esa cifra era de cero.
“Estamos en medio de un repunte fuerte y los datos que nos llegan en la investigación de casos es que las edades de los contagiados son menores de 40 años. El jangueo en las calles de Mayagüez fue lo que provocó la infección en algunos de los contagiados”, determinó Martínez.
Subrayó que el gobierno se apresuró en liberar las restricciones. “Yo hubiese dejado más tiempo cerrado esto... la gente piensa que no hay nada y está libre. Ahora mismo yo tengo una orden administrativa para que la música en los negocios acabe a las 12:00 de la medianoche, pero estamos considerando ponerlo más estricto. Con este incremento nos obligan a cambiar las reglas del juego y tendremos que cerrar más temprano y hasta considerar la ley seca en unos horarios más temprano”, acotó.
El alcalde de Sabana Grande, Marcos Gilberto Valentín, también se muestra ansioso con los datos que ha recibido de la oficina de epidemiología de su municipio, donde actualmente hay 40 casos activos (11 confirmados por pruebas moleculares y 20 por antígenos), incluyendo una persona hospitalizada.
“Me preocupa mucho el repunte que ha tomado el COVID en nuestros pueblos de área oeste. Esto es una zona muy frecuentada por turistas que no solo van a la zona costera, sino que se mueve hacia el interior buscando gastronomía y paradores. Precisamente, en Sabana Grande, los epidemiólogos han observado que muchos de los casos se originan a través de viajeros. También tenemos casos que se suscitaron en una fábrica y otros en velorios”, destacó.
El alcalde detalló que ante lo acontecido se reunirá hoy con su equipo de trabajo para tomar unas determinaciones a través de órdenes ejecutivas, incluyendo retornar al cierre parcial de facilidades recreativas, restringir la visita a cementerios solo a familiares de los difuntos y con un cupo limitado de personas. Además, se exigirá el uso de mascarilla aun en zonas al aire libre.
“Las órdenes administrativas son considerables dado el hecho del repunte que tenemos y mañana (hoy) tomaremos acción sobre aquellas áreas que faltan de cubrir. Nuestra gran preocupación son los niños, quienes regresarán pronto al salón de clases”, sostuvo el alcalde al informar que en su municipio el 79% de la población tiene al menos una dosis de la vacuna.
Lo que sí enfatizó es que el sistema de rastreo municipal, uno que defendió por ser eficaz durante el proceso de emergencia, ha denunciado una limitación de pruebas moleculares en la zona oeste.
“Hay escasez de pruebas PCR y eso nos coloca en una posición difícil porque quisiéramos medir cómo está la calle, pero no tenemos las pruebas. Hacemos un llamado para que atiendan esta situación en el área oeste y asignen mayor cantidad de pruebas moleculares que nos permitan monitorear a nuestros pueblos y a nuestra gente. Esto nos permitirá bajar la tasa de positividad porque controlamos frenar la cadena de contagios”, encareció.
En Guayanilla los contagios se han mantenido bajo control y, actualmente, están monitoreando cuatro casos probables (pruebas de antígeno) entre sus ciudadanos.
Aún así, el alcalde Raúl Rivera dijo que reforzará las medidas de prevención como, por ejemplo, hacer obligatorio el uso de mascarillas en todos los lugares cerrados, una medida que el gobierno anunció como medida cautelar posterior a la conversación del ejecutivo municipal con Primera Hora.
“Estamos analizando todo lo que está ocurriendo y tomaremos las medidas que sean necesarias y llevándole el mensaje al gobernador (Pedro Pierluisi) y trabajando en alianza con los municipios aledaños. Evidentemente, tenemos que proteger a la ciudadanía”, explicó.
Mientras tanto el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, convocó para hoy una reunión de los alcaldes populares para discutir con los epidemiólogos municipales, las acciones a seguir tras el alza en casos positivos de COVID que se han registrado en Puerto Rico.
“Lo que realmente nos preocupa es que no se debe permitir que se desmantele el Sistema de Rastreo e Investigación de Casos en los municipios. Vemos una tendencia fuerte a que esto ocurra y eso hay que detenerlo porque este sistema es importante para el país”, sostuvo a este diario el también alcalde de Villalba.
La reunión está pautada para hoy, a las 10:00 de la mañana, en la sede de la Asociación de Alcaldes en Puerta de Tierra, en San Juan.
Recientemente, la epidemióloga Yonaica Plaza, quien dirigía el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) renunció a sus funciones en medio de denuncias que incluyen un supuesto patrón de limitación de información por parte de la Oficina de Epidemiología que dirige el doctor José Becerra. Plaza entró en sustitución de Fabiola Cruz, fundadora del SMICRC, bajo el mandato de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exsecretario de Salud, Lorenzo González.
En los pasados meses, tras la llegada de un nuevo gobierno, han sido múltiples las renuncias en el sistema. Además, se detuvo la publicación de informes basados en investigaciones de casos y contactos que evidenciaban lugares de mayor exposición al virus, los brotes desarrollados en la isla, sintomatología generalizada de los contagiados, entre otros datos de interés e importancia epidemiológica.