Ponce. El juez Mariano Vidal Saenz citó para el viernes, 11 de agosto la vista para atender el recurso presentado por la comunidad de Tallaboa para detener el depósito de cenizas de carbón en el vertedero Peñuelas Valley Landfill (PVL).

La vista de interdicto preliminar estaba supuesta a verse hoy, pero el proceso comenzó tarde y se concentró en anticipar los planteamientos de desestimación de los demandados.

Los demandantes alegan que los demandados están violentando las disposiciones de la Ordenanza Municipal 13 de la serie 2012-2013, que prohíbe el depósito de cenizas de carbón en la jurisdicción de Peñuelas, y de la nueva Ley 40, que establece la política pública sobre este asunto.

EC Waste presentó una moción de desestimación. Su abogado Anthony Maceira señaló que el vertedero está autorizado para recibir Agremax para solidificar líquidos y que ello no va contra la Ley 40 porque la misma solo prohíbe el depósito de cenizas livianas.

Maceira también argumentó que el tribunal debía considerar que impedirle a AES llevar las cenizas a Peñuelas provocaría que dejen de operar porque no tendrían más espacio en su planta para conservarlas y eso llevaría al “caos” energético en Puerto Rico.

Al momento de verse el caso, la AES no había presentado su moción de desestimación, para lo que el juez le dio 48 horas.

No obstante, el abogado Mauricio Muñiz planteó que la Ley 40 dispone como penalidades del incumplimiento una multa de $25 mil diarios o cárcel, pero “en ningún lado se autoriza a una persona privada o asociación a entablar una causa de acción bajo esta ley”. Sobre la ordenanza municipal alegó que quedó sin efecto luego de la determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston en un pleito previo.

Mientras, la abogada Liany Vega, del Departamento de Justicia, representó a la JCA.

También presentó una moción de desestimación porque “de la demanda no surge ninguna alegación de que la JCA esté en violación de alguna ley o reglamento estatal o federal. Todas las acciones han sido en virtud de leyes avaladas por los tribunales”.

Vega dijo, además, que el uso de Agremax está autorizado en el vertedero e invitó a los demandantes a leer cuatro resoluciones y un permiso otorgado por la JCA donde presuntamente se hace constar.

Respecto a la alegación del teniente coronel Carlos Miranda Soto de que la JCA había dado un permiso especial para permitir el depósito de cenizas la semana pasada, dijo que “esa alegación es falsa”.

“La junta no ha expedido ningún permiso para el depósito de cenizas. Las resoluciones de la Junta solo permiten la entrada de rock ash o Agremax como relleno o solidificador del vertedero”, sostuvo Vega.

El juez les dio a los demandantes hasta el martes, 25 de julio para responder las mociones de desestimación de todas las partes.

La vista de interdicto preliminar será el 11 de agosto a las 9:00 a.m. en la sala 604 del Tribunal de Ponce.

Desisten de recurso contra la Policía

Por otra parte, los demandantes desistieron de la solicitud de interdicto preliminar con la que buscaban que el tribunal le ordenara a la Policía de Puerto Rico dejar de escoltar camiones con cenizas. En la demanda, también se planteaba que la Policía obstruyó el flujo vehicular durante el operativo y que violó la libertad de movimiento de los manifestantes y su derecho a la libre expresión.

La Policía, a través de la abogada Liany Vega, de Justicia, presentó una moción de desestimación, entre otras cosas, por entender que este no era el recurso adecuado para solicitar un remedio. Vega dijo en sala que la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, tienen total discreción para manejar a su personal y disenar los operativos policiacos, que si había alguna queja sobre la actuación el foro pertinente era presentar una querella ante ese cuerpo y que una sentencia enmendada emitida la semana pasada por el juez Eric Ronda ordenaba el establecimiento de un perímetro para los manifestantes.

El juez solo acogió el planteamiento de los demandantes relacionado a la libertad de expresión y se proponía ver la vista esta tarde. Sin embargo, luego de un receso, el licenciado Ruberté anunció que desistían del recurso.

“A la luz de lo que ocurrió por la mañana, estratégicamente, nosotros hemos decidido que por el momento lo más conveniente es concentrar nuestros esfuerzos en el caso de por la mañana. Aquí se estaba dando la posibilidad de tener que litigar unos asuntos que tenemos planteados y que vamos a litigar en otros de los casos pendientes”, explicó Ruberté.

“Entendimos que este recurso no es necesario en este momento a los fines de proteger los mejores intereses de la comunidad porque lo que ocurrió en el caso de la mañana nos da un mejor contexto para hacer los planteamientos que hemos levantado hasta el presente y, por lo tanto, es un recurso técnico el que usamos de desistimiento sin perjuicio, que nada implica que lo podemos radicar contra actuaciones de la Policía que entendamos en cualquier momento que ellos estén actuando de manera inapropiada contra la comunidad”, agregó.

Latente más envío de camiones

El presidente de AES, Manuel Mata, dijo esta tarde que como el juez no paralizó el depósito en la vista de hoy, se propone continuar el envío de cenizas de carbón; aunque, no precisó si solamente a Peñuelas o también a Humacao.

“Conforme a ello AESPR mantiene el derecho a operar acorde con la nueva Ley 40-2017 y en cumplimiento con las reglamentaciones ambientales establecidas por la JCA y por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por lo que continuaremos con nuestra operación normal”, expresó Mata mediante comunicado de prensa.

Sobre la postura de AES, el licenciado Ruberté opinó que no deberían hacerlo.

“Uno puede decir que cuando está ventilando un caso en el tribunal, el tribunal lo menos que se merece es respeto. Parece que si se está dilucidando este asunto ante el tribunal, ellos no deberían retar la autoridad del tribunal de esa manera”, dijo el representante legal de la comunidad.

Entretanto, Ricardo Soto, portavoz de EC Waste, dijo por escrito que “el tribunal de Ponce también reafirmó la semana pasada una orden contra el grupo de manifestantes que establece claramente que estos no pueden impedir las operaciones del Peñuelas Valley Landfill. De así hacerlo, estarían violando nuevamente una orden del tribunal, por lo que las autoridades estarían facultadas para arrestarlos por incurrir en desacato”.