El Senado aprobó hoy el proyecto de ley (PS1374) que aplazaría hasta 2025 la entrada en vigor de la Ley 51 de 2022 que prohíbe la venta y utilización de plásticos de un solo uso.

La pieza legislativa proponía que la posposición de la aplicación de la fuera por un término de dos años, pero se enmendó para reducir el plazo a un año.

El proyecto se aprobó con 21 votos y cuatro en contra, de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y del senador independiente, José (Chaco) Vargas Vidot.

Los senadores que votaron en contra lanzaron críticas a los departamentos de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de Asuntos del Consumidor por posponer la vigencia de la ley, que debía entrar en vigor el 29 de junio de este año.

“No se cuida el cambio climático y no es con un folletito de la ONU es que cuando se aprueba la ley se sentaron sobre eso y han hecho lo que les da la gana. Desde octubre de 2023 hubo tiempo para educar a los consumidores y transicionar a la ley, pero no se hizo”, dijo el senador Vargas Vidot.

En una vista pública celebrada el pasado mes de enero en el Senado, grupos ambientalistas se opusieron a la medida, que fue impulsada por sectores del comercio.

La ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización sin fines de lucro, CAMBIO una de las voces opuestas a la medida, aludió a los resultados preliminares del Estudio de Caracterización de residuos, realizado por el DRNA en 2023, que muestran un aumento vertiginoso en la cantidad de plástico que llega a los vertederos en comparación con los datos de 2003.

“Los plásticos que se desechan han aumentado en un 70% en un período de 20 años, representando hoy en día el 17% de los residuos que llegan a los vertederos”, dijo para agregar este número no considera las cantidades que se depositan en vertederos clandestinos. Agregó que miles de negocios en Puerto Rico han adoptado alternativas de reúso o compostables.

Otra líder ambientalista, Vanessa Maymí, portavoz de Sierra Club, Vanessa Maymí dijo que no hacer que se cumpla la Ley 51 sería un acto de “impericia legislativa”. “Sería un nefasto precedente que la Asamblea Legislativa vaya en contra de lo mismo que hizo hace dos años, fue esta misma asamblea la que aprobó hace dos años la Ley 51″, sostuvo Maymí.

La Asociación de Restaurantes (ASORE) y la Asociación Comercio al Detal (ACDET) abogaron, a su vez, porque se aplazara la entrada en vigor de la ley,

“Los suplidores que sirven a la industria de alimentos preparados nos han alertado sobre el impacto económico que trae consigo la prohibición. Conforme la lista de precios de los fabricantes, los materiales compostables y biodegradables -los cuales entendemos que serían los permitidos, pues la ley no es clara sobre el particular- su precio es de tres a cinco veces mayor que el de los materiales que se utilizan al presente. Esto no solo abona al aumento desmedido en costos operacionales que han enfrentado los comerciantes, sino a los incrementos en precios que ha afectado el bolsillo del consumidor puertorriqueño”, dijo el presidente de ASORE, Carlos Budet.

La directora ejecutiva de la ACEDET, Lymaris Otero reclamó que las prohibiciones encarecerán las operaciones comerciales y reclamó que la Ley 51 “no es clara” en sus definiciones de los plásticos de un solo y uso. Alegó que “persisten serias dudas” sobre productos envasados en plástico de uso médico y de higiene personal, pese a que estos no están incluidos en la ley.