El presidente del Senado, José Luis Dalmau, apuntó hoy a que el caso de la cuestionable liberación de Hermes Ávila Vazquez bajo el Programa de Pase Extendido ha revelado “serias deficiencias” en los procesos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y además señaló a la aprobación del Código Penal y del Plan de Reorganización Núm. 8 como facilitadores de este tipo de problemas.

Las expresiones del líder legislativo por el Partido Popular Democrático (PPD) ocurre luego de que tras varias interpelaciones, la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, admitiera que la excarcelación del presunto asesino de Ivette Joan Meléndez no cumplió con la Ley 25 porque no había una enfermedad terminal.

Además ocurre luego de que el Physician Correctional admitiera también que el panel médico que recomendó la excarcelación del hombre, no lo evaluó presencialmente.

y la lamentable muerte de Ivette Joan Melendez, es el reflejo de la política pública desacertada establecida con la aprobación del Código Penal y del Plan de Reorganización Núm. 8, que se convirtió en el Plan de Reorganización Núm. 2-2011.

“La investigación del caso de Hermes Ávila Vazquez nos está revelando serias deficiencias en los procesos del Departamento de Corrección relacionados con los programas de desvío y la supervisión de los liberados, lo cual tenemos que atender mediante recomendaciones y propuestas ponderadas que nos permitan establecer un justo balance entre la adecuada rehabilitación de la población de los confinados y las garantías de seguridad que el pueblo se merece”, dijo Dalmau.

El presidente del Senado también lanzó responsabilidad sobre el Nuevo Código Penal, aprobado en el 2011, que permitía la liberación temprana de algunos confinados.

“Los fundamentos para nuestro análisis de que el Nuevo Código Penal y el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 iban a promover una rápida liberación de los confinados lo era la adopción de mecanismos tales como la concesión de días de bonificación (reducción de sentencia) por estudio, trabajo y otras actividades, disponer que el confinado puede cualificar para programas de desvío al cumplir con solo el 20% de su sentencia, así como otras iniciativas que promovían la pronta liberación del confinado, entre otros asuntos. En el voto explicativo advertimos en aquel entonces que “… es la Administración de Corrección a través del Artículo 16 del Plan de Reorganización Núm. 8, quien luego de un convicto cumplir el 20% de la pena impuesta, podría enviarlo a un Programa de Desvío; convirtiendo la sentencia dictada en una burla a la justicia y abriendo las puertas de las cárceles a las personas convictas, liberando así al convicto sin rehabilitación. Esta es mala política pública”, reiteró.

“El caso de Hermes Ávila Vazquez es un lamentable ejemplo de lo que anticipamos en el 2011, ya que utilizando los mecanismos que promueven la pronta liberación del confinado, unido a unos procesos de evaluación que han reflejado severas deficiencias y una mínima supervisión del liberado, ponen en entredicho la adecuada protección de nuestra sociedad”, agregó.

Según admitió Escobar Pabón, existen otros 20 convictos que fueron liberados bajo el Programa de Pase Extendido y que fueron confinados por delitos que incluyen: asesinato, homicidio, agresión sexual, violación y actos lascivos, entre otros.

El Departamento de Justicia investiga la excarcelación de Ávila Vázquez.