El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago anunció hoy que la Legislatura le quitará $1,250,000 al presupuesto de la Oficina de Puerto Rico en Washington para el año fiscal entrante con lo que se pagaría el salario a los seis cabilderos de la estadidad, con fondos públicos, según dispuso mediante ley la pasada administración novoprogresista.

“Ese gasto, nunca estuvo en la papeleta”, expresó el líder senatorial en un mensaje de unos quince minutos diseminado esta tarde en las redes sociales en torno al problema del status político de Puerto.

“Si el señor gobernador (Pedro Pierluisi) desea enviar a seis cabilderos a la capital federal para hacer el trabajo de su comisionada residente, deberá pagarlo de los fondos de su partido político”, sostuvo Dalmau Santiago al anunciar los pasos que dará su delegación para manejar el escabroso tema colonial de la Isla.

También dijo que le requerirá a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el plan de transición a la estadidad, que la ley según la ley de la consulta debía someter 30 días después de los resultados.

El senador popular indicó que para efectos de la Asamblea Legislativa el término de un año para que el Congreso de Estados Unidos responda a los resultados del pasado plebiscito en el que la estadidad ganó con el 52% de los votos, será un plazo “fatal de legitimidad” de la votación.

“Una inacción congresional o la no-aprobación de una medida a esos efectos, será interpretada por esta Asamblea Legislativa como una negativa inequívoca del Congreso al objetivo de esa votación”, dijo.

Anunció también que esta semana radicará una resolución concurrente, que se convertiría en una expresión de la Asamblea Legislativa, en reclamo de que Congreso de los Estados Unidos diga si la consulta “Estadidad Sí o No”, del pasado 3 de noviembre, cumplió con las disposiciones del Departamento de Justicia federal adoptadas desde el 2014.

Igualmente, dijo que la resolución concurrente busca que el Congreso precise si una petición de estadidad, “requerirá como paso inicial convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado – como Alaska y Hawaii - que obligue el inicio del pago de contribuciones federales, por décadas sin representación congresional”.

Otra interrogante, que según Dalmau Santiago, el legislativo federal debería aclarar es si está dispuesto a que los Estados Unidos proceda a anexar a una nación latinoamericana, caribeña e hispanoparlante, “estableciendo un precedente de convertir a los Estados Unidos en un país con dos naciones distintas dentro de su sistema constitucional”.

Además, dijo que el congreso federal deberá precisar, cuál será el proceso de transición y cuándo se comenzará a pagar contribuciones federales por individuos y corporaciones y si el 52% de los votos, es una cantidad suficiente para otorgar la estadidad a la Isla.

El Presidente del Senado indicó también que le estarán requiriendo mediante una resolución concurrente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que someta un memorando explicativo, de análisis financiero y legal sobre las implicaciones y obligaciones que presentaría un cambio de estatus en Puerto Rico bajo la opción de estadidad. Dijo que ello provocaría una reducción de las tasas contributivas locales que nutren el fondo general, que resultan ser la fuente de financiamiento del pago de la deuda y las operaciones del gobierno por las próximas cuatro décadas.

“Igualmente, requeriremos por escrito, un informe sobre si la JSF ha contemplado en sus proyecciones económicas, planes fiscales y el plan de ajuste de deuda, el impacto de un aumento en contribuciones federales sobre individuos y empresas que traería la estadidad”, sostuvo Dalmau Santiago.

El líder legislativo también anunció que radicará una resolución del Senado para crear una comisión especial sobre el tema del estatus, que tendrá entre sus encomiendas el examinar todas las implicaciones de cada formula de estatus, así como los mecanismos procesales que puedan implantarse mediante legislación, una vez concluya la fecha fatal que la administración pasada le otorgó al Congreso para responder.

Detalló que las alternativas incluirán: la asamblea constitucional del estatus, los comités negociadores, plebiscitos y cualquiera otro método para atender el tema antes de que finalice la presente sesión ordinaria. Agregó que en esta comisión participarán todas las delegaciones políticas representadas en el Senado.

“Trastocar las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto serio y no un juego político. Por esa razón, se hace impostergable que se le hable al país con la verdad y absoluta transparencia. Si bien los estadistas merecen una respuesta sobre sus votos, el resto del país también merece información certera sobre las serias consecuencias de una decisión tan trascendental como lo es un cambio de estatus”, sostuvo Dalmau Santiago.

Agregó que el Informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO, en inglés) del gobierno federal ha expresado que la estadidad tendría un costo de sobre $6,000 millones en aumento de contribuciones y/o reducción de ingresos propios del gobierno de Puerto Rico.

Reacciona el gobernador

“¡Basta ya de tanta hipocresía o busconería!”, reaccionó el gobernador en declaraciones escritas.

“En su mensaje, el presidente del Senado José Luis Dalmau, acepta que el resultado en el que casi el 53% de nuestro pueblo votó a favor de la Estadidad fue válido y merece una respuesta del Congreso. Debe recordar también que en el 2012, en otro claro resultado, más del 54% de nuestro pueblo rechazó el estatus actual que mantiene a Puerto Rico en una desigualdad insostenible”, indicó.

Pierluisi agregó que el resultado de la consulta de estatus fue legítima y tiene como consecuencia que “ostentemos posiciones públicas durante este cuatrienio. Asimismo, el voto por la estadidad tiene como consecuencia establecer inequívocamente que la voluntad del pueblo de Puerto Rico es que logremos la estadidad”.

“Estoy de acuerdo en que la bola está en la cancha del Congreso, pero le recuerdo al senador, que aún si se tardara más tiempo en contestar, la voluntad de nuestro pueblo no tiene fecha de expiración. Decir que va a ignorar el deseo de igualdad de nuestro pueblo es una falta de respeto a cada puertorriqueño y puertorriqueña que se expresó en las elecciones del pasado noviembre. Le recuerdo también que el rechazo al plebiscito de estatus de parte del Departamento de Justicia solo se retrae al uso de fondos federales para la consulta. De ninguna manera, el Departamento de Justicia ni el Congreso pueden limitar la expresión democrática de un pueblo, en particular de sus ciudadanos americanos”, sostuvo.

Dijo, además, que traer el tema de los impuestos como razón para rechazar la estadidad, “es nuevamente traer argumentos del pasado para contestar asuntos del presente y del futuro. Todos los estados de Estados Unidos mejoraron sus economías luego de convertirse en estados, y Puerto Rico no será la excepción. La cantidad de fondos federales adicionales que recibirá la Isla permitirá la reducción de sus tasas contributivas durante el periodo de transición hacia la Estadidad para que nuestros individuos y corporaciones no reciban un impacto negativo, y por el contrario, la mayoría de nuestra gente, en particular la fuerza trabajadora, se beneficiará grandemente”.

“Si nos respetamos a nosotros mismos, vamos a aceptar de una vez y por todas que Puerto Rico tiene dos caminos ante sí: el camino de la igualdad como un estado de Estados Unidos y el camino de la soberanía como una nación independiente de Estados Unidos. Y no hay quien pueda cuestionar que nuestro pueblo prefiere unirse en vez de separarse de Estados Unidos”, manifestó.