Un jurado de seis hombres y seis mujeres encontró culpable esta tarde al senador penepé Abel Nazario por 28 cargos de presentación de documentos falsos y fraude electrónico en relación a un esquema que supuestamente ideó mientras fue alcalde de Yauco para engañar a sus propios empleados.

Al escuchar el veredicto del jurado, Nazario se mantuvo impávido. Durante la audiencia estuvo acompañado por su amiga Leadette González y su ayudante y portavoz Edgardo Rosado.

González abandonó la sala poco después de que se leyera el veredicto.

Nazario sigue siendo senador, ya que el proceso ético que se celebra en su contra en el Senado no ha concluido. No obstante, anticipó que estaría renunciando al escaño próximamente.

El legislador enfrentaría otro juicio, junto a otros acusados, por un cargo de robo o soborno relacionado a programas federales al, supuestamente, crear un esquema de empleados fantasmas para beneficiar su campaña al Senado.

El exalcalde fue arrestado y acusado le 12 de septiembre de 2018 y, en esencia, se le imputaron 37 cargos criminales que luego fueron reducidos a 34, por violentar un acuerdo con el Departamento del Trabajo Federal que disponía que tenía que resarcirles a 177 empleados en Yauco un total de $588,000 luego de que estos trabajaran dos horas diarias de manera gratuita entre agosto de 2012 y julio de 2014, en violación de leyes laborales.

Ese acuerdo con el gobierno federal disponía que los empleados que formaban parte del pleito administrativo no podían ser sujetos a represalias mientras Nazario cumplía con los pagos.

Durante los 12 días que duró el desfile de prueba en la sala del juez Joseph Laplante, en el edificio de San Juan del Tribunal Federal, un total de 12 empleados del Municipio de Yauco testificaron cómo Nazario supuestamente les engañó al ocultarles que les estaba haciendo pagos por las horas no devengadas y, en cambio, les hacía pensar que les emitía pagos adelantados de nómina para luego dejarlos varios meses trabajando, pero sin cobrar, anulando el propósito del acuerdo alcanzado con el gobierno federal de reponerles el dinero dejado de devengar por las horas voluntarias de trabajo.

Durante el juicio, varios testigos de la fiscalía indicaron que Nazario, alcalde de Yauco del 2000 al 2016, les entregó un documento a firmar que resultó ser la certificación que el gobierno municipal tenía que enviar al Departamento del Trabajo Federal consignando que se estaba cumpliendo con el acuerdo alcanzado.

Nazario testificó entre el jueves y el viernes y sostuvo que el acuerdo para el trabajo de horas “voluntarias” fue alcanzado en una asamblea de empleados del Municipio de Yauco, pero durante su relato reconoció que tenía personas trabajando sin contrato y que solía pagarles a empleados como si se tratara de ayudas, aunque no siempre rindieran labores. También desvió parte de la culpa a las responsabilidades de la División de Recursos Humanos de Yauco.

Nazario también sostuvo que él cumplió con divulgar el contenido del acuerdo alcanzado con el Departamento del Trabajo Federal al colocar afiches en instalaciones del municipio, que cumplió con los pagos del acuerdo y que él mismo entregaba los cheques.

La prueba del gobierno federal fue presentada por los fiscales Scott Anderson y Myriam Fernández. La defensa del senador estuvo compuesta por María Domínguez, Edgar Vega Pabón, Javier Micheo y Carlos Andréu.

Domínguez insistió, al presentar la moción de absolución perentoria el martes, que la propia prueba del Estado demostró que Nazario entregó los cheques a los 28 empleados que forman parte del caso, queriendo establecer que Nazario sí cumplió con el acuerdo con el Departamento de Trabajo Federal. También rechazó que Nazario haya tomado represalias contra esos empleados al no pagarles su nómina regular y sostuvo que no desfiló evidencia en el juicio que corroborara que Nazario diera instrucciones al personal de recursos humanos para que no se les pagara a esos empleados su nómina regular.

Igualmente sostuvo que no se presentó prueba de que a los empleados afectados se les adeudara dinero y que, de haber sido así, ocurrió a raíz del desorden administrativo en el gobierno municipal y no de un acto criminal.

La vista de sentencia fue señalada para el 20 de julio de 2020, en la que Nazario se expone hasta un máximo de 30 años de cárcel y una multa de hasta $1 millón.

Durante el juicio salieron a relucir múltiples deficiencias en el manejo de la nómina del gobierno municipal, como el manipuleo de horas trabajadas, fallas constantes en la Oficina de Recursos Humanos bajo el mandato de Nazario y cómo empleados faltaban al trabajo sin enfrentar medidas disciplinarias.

Por ejemplo, el exdirector de Obras Públicas en Yauco, José Rodríguez Rodríguez, testificó que cuatro empleados que supervisaba no merecían cobrar las horas adeudadas en el acuerdo porque “debían horas”, en alusión a cómo faltaban continuamente pero comoquiera se él certificaba que habían ido a laborar por “razones humanitarias”.