Cuestionan corte de presupuesto a agencias fiscalizadoras
Esas oficinas se encuentran en la mira de los recortes promovidos por la Junta Fiscal, según la representante Lourdes Ramos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
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La vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Lourdes Ramos, cuestionó hoy las razones por las cuales la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomienda limitar el presupuesto de las agencias fiscalizadoras que luchan contra la corrupción gubernamental.
En un comunicado de prensa emitido hoy, la representante salió en defensa de la labor que realizan la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), Ética Gubernamental, la Contraloría, y la Oficina del Procurador del Ciudadano, que se encuentran en la mira de los recortes promovidos por la JSF.
"Y ahora, que el FEI, Ética, el Contralor tienen las manos llenas con investigaciones en curso, aparece la Junta pretendiendo estrangular estos esfuerzos de integridad limitando sus presupuestos que fueron mermando dramáticamente por determinaciones del pasado gobierno popular", dijo Ramos.
Según dijo Ramos, le crea "suspicacia" que la JSF, que ha llevado ante el Congreso en Washington su reclamo de controlar los fondos federales asignados para la recuperación de la isla tras el paso del huracán María levantando dudas con argumentos de corrupción, pretenda precisamente ahora limitar el alcance de las agencias del gobierno que velan por la integridad pública.
Ante ello, la legislada alegó que la JSF promueve recortar el presupuesto de los organismos fiscalizadores cuando "los propios miembros de la Junta" han sido señalados por serios conflictos de intereses que pudieran estar sujetos a intervención estatal, ya que reciben fondos públicos de los contribuyentes de la isla.
"Aquí hay mucho que explicar. Nuestro gobierno lucha por la transparencia y la Junta busca cómo coartarla. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nadie puede ser cómplice de la corrupción", puntualizó.
Ramos insistió que el empeño de la Junta contrasta marcadamente con la actitud del gobernador Ricardo Rosselló que creó el Código Anticorrupción y dio carácter de ley al Grupo Anticorrupción, estrategias que el organismo federal parece querer desarticular.