Los proyectos de la Autoridad de Alianzas Público Privadas están en riesgo de que se queden en el limbo debido a que esa corporación no tiene empleados de carrera.

La directora ejecutiva de la autoridad, Deliris Ortiz, dijo que en toda la corporación apenas hay cuatro empleados, todos de confianza, pero la nómina asciende a $600,000.

Para darle continuidad, el nuevo gobierno puede tener problemas.

“Es preocupante y es algo que el comité de transición tiene que evaluar”, dijo Alfonso Orona, miembro del comité de transición y asesor legal del gobernador entrante Ricardo Rosselló tras escuchar la ponencia de Ortiz durante la vista de transición.

En la actualidad hay cinco acuerdos de alianzas encaminados: la importación de gas natural, el Corredor del Noroeste que extendería la autopista de Arecibo a Aguadilla, el proyecto de transportación marítima para las islas municipio, el sistema de transportación colectiva de Caguas a San Juan y el proyecto para implementar la ley sobre las identificaciones especiales conocidas como Real ID.

Ninguno de esos proyectos es autosustentable, lo que también criticó Orona.

En el caso del corredor del Noroeste ya se ha invertido $1,000 millones y todavía están evaluando si cumple con leyes y regulaciones federales sobre el medio ambiente. 

El proyecto de importación de gas natural todavía está en etapas tempranas y se ha invertido $346,000. 

El transporte colectivo de San Juan a Caguas ya se ha llevado $5 millones y también están evaluando si cumple con regulaciones ambientales. Mientras, el proyecto de Real ID ha costado más de un millón y todavía no está claro el futuro de esa alianza.

Además, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le cortó a la autoridad la línea de crédito de $20 millones que tenía para hacer inversiones y estudios de viabilidad.

Según Ortiz, las alianzas no son la solución mágica para los problemas fiscales del País, no funcionan para muchos proyectos y, si la nueva administración quiere seguir esa ruta, debe orientar más a los jefes de agencia para que identifiquen oportunidades e invertir en estudiar “detenidamente” cómo hará la distribución de riesgos de las transacciones.

Por otro lado, ayer trascendió que Melba Acosta, quien presidía el BGF -que ahora está en quiebra-, devengaba un salario de $180,000 anuales y su liquidación por vacaciones y enfermedad fue de $86,056.

El actual presidente, Alberto Bacó, buscó matizar el asunto asegurando que Acosta no recibió ninguna bonificación adicional.

Al mismo tiempo, Bacó pidió que no dejen liquidar el BGF, porque siempre se necesitará una institución similar que financie proyectos del gobierno ya que a la banca privada no le interesan. Decidir crear un banco nuevo acabaría costando el doble de una recapitalización para que siga operando, indicó.