Cuatro empleados del Departamento de la Familia supuestamente cometieron fallas en el procesamiento del caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa, un niño de 8 años que murió el pasado 9 de agosto a causa de un severo trauma corporal al que fue sometido mientras se encontraba en custodia de su progenitor, por lo que fueron referidos al Departamento de Justicia, informó este jueves la secretaria de la agencia, Carmen Ana González.

Los funcionarios también fueron separados de su empleo con paga en lo que ocurre un proceso administrativo. En el mismo, estos pudieran enfrentar una suspensión de empleo y sueldo hasta una destitución, dijo la funcionaria en conferencia de prensa realizada en la sede de la agencia en Hato Rey.

“Entre los hallazgos están el atraso en la entrega de los informes escritos de las intervenciones, están la falla en el cumplir fielmente con el protocolo establecido en el Manual de Normas, Procedimientos y Estándares de Ejecución sobre el Modelo de Seguridad en la Investigación de Referidos de Maltrato de Menores y hay una falta de supervisión efectiva de los funcionarios que intervinieron en el caso”, manifestó González.

Cuando desmenuzó las fallas, la secretaria explicó que el trabajador social acudió a una vista el 30 de julio ante una jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas sin el informe que se le había requerido del caso, aun cuando este requisito no está establecido por ley. No obstante, por la falta de tal informe la jueza determinó suspender la vista y posponerla para el 9 de agosto, día en el que su padre, identificado como Jonathan J. Santiago Cortés, de 27 años, llevó a Jeiden Elier al hospital Menonita de Aguas Buena sin signos vitales.

González también explicó que “la investigación del referido se tardó más de lo que esperamos”.

Esa investigación inició el 9 de junio y culminó el 28 de julio, cuando se suponía que se hubiese concluido en 30 días, precisó.

La secretaria reconoció que los trabajadores sociales tienen más casos ante su atención que los recomendados. Además, señaló que fue recientemente que se les comenzó a requerir que presenten informes escritos ante el tribunal.

Estipuló que “estamos escasos de personal”, por lo que cada uno de los trabajadores atiende entre 35 a 40 casos de maltrato de menores. “No obstante, nuestra labor sigue siendo el velar por la protección y la seguridad de todos los menores o de personas en situaciones de peligro”, sostuvo.

Fue por esta razón que la funcionaria determinó referir los hallazgos al Departamento de Justicia para que la agencia dictamine si debe radicar cargos a los cuatro funcionarios implicados en el caso, entre los que se encuentra el trabajador social a cargo del caso.

El informe remitido incluye una serie de delitos imputados a los empleados, pero González evadió detallar cuáles eran bajo el alegato de que estaría “violentando los derechos de estos funcionarios”.

“Debe quedar claro que todo aquel que se aparte de cumplir procesos de los manuales del Departamento de la Familia sí se tiene que atener a unas consecuencias”, afirmó la titular.

Más allá de este referido de Familia a Justicia en contra de los empleados de la agencia, por el crimen del niño fue acusado su padre. Este obtuvo su custodia provisional el 4 de julio, luego de que el Departamento de la Familia lo removió del hogar de su progenitora por alegaciones de que el pequeño había sido víctima de un presunto delito sexual de parte de un familiar materno.

Las autoridades le radicaron cargos criminales a Santiago Cortés por asesinato en su modalidad de maltrato (artículo 93b) y violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

“¿Se pudo haber salvado a Jeiden?, se le preguntó a González tras anunciar el referido a Justicia.

“No puedo especular, pero la realidad es que las cosas pueden ser diferentes, que necesitamos que no sea una sola agencia, que sea toda la comunidad (la que refiera casos de maltrato)”, sostuvo.

También se le requirió que explicara si la agencia cometió alguna negligencia en la atención del menor. Pero, la secretaria respondió en evasivas.

“Yo confirmo que hubo unas áreas que no se cumplió cabalmente el protocolo y es requerido que todo el mundo lo siga”, dijo.

Se le insistió en si eso no representaba una negligencia, a lo que dijo que “eso se llama área de oportunidad para arreglar unas cosas”.

González, de paso, dijo que “yo asumo la responsabilidad por la ejecutorias de todo mi equipo de trabajo”.

Más, sin embargo, afirmó que no renunciaría a su cargo, pese a que estas ejecutorias de su personal pudieron haber evitado la muerte del menor. Aludió, en cambio, a que reforzarán el cumplimiento de los protocolos y procedimientos en los manejo de casos y se implementarían esfuerzos adicionales de supervisión.

“Vamos a uniformar unas iniciativas precisas y acertadas para que nada como esto vuelva a suceder”, comentó la funcionaria.

Para la familia del menor, la secretaria González no tuvo palabras.

“La realidad es que no hay palabras de consuelo y por mucho respeto, no tan solo a su mamá, también impacta a su núcleo familiar y a su comunidad, me reservo esas palabras”, señaló.

En torno a la investigación que se realizó en este caso de Jeiden Elier, González comentó se estableció que el padre no tenía antecendentes penales. No obstante, afirmó que sería “especular” el establecer si en dicho informe se hubiese emitido una recomendación para que el menor fuese devuelto a su madre.