Si al alguien le dicen que tiene el crédito chatarra es como ponerle un rótulo, en neón y con luces intermitentes, de que no se le puede prestar porque no tiene capacidad para pagar. Y si le prestan, es a un interés que, para poder asumirlo, habría que hacer magia. Eso fue lo que le dijeron hoy a Puerto Rico.

La casa acreditadora Standard and Poor's degradó la clasificación del crédito del gobierno de Puerto Rico a chatarra, lo que redundará en un efecto dominó que tendrá consecuencias para todos y todas, aunque a algunos, por supuesto, les dolerá más.

El panorama pinta bastante difícil para poner a flote la economía, y no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana ni de una administración a otra. Eso pasa cuando se pide prestado y, para pagar lo que se pidió prestado, se vuelve a pedir prestado.

¿Cuál es el efecto?

La primera consecuencia directa de esto es que el Gobierno tendrá que buscar más dinero para pagar y recortar gastos para disminuir lo que sale de la caja.

Una de las medidas podría ser aumentar el Impuesto a las Ventas y Uso (IVU) y despedir empleados públicos. Con la primera, se afectaría la economía en general. Con la segunda, se disminuye el recaudo porque serían menos los contribuyentes.

Según la economista Martha Quiñones, cuando se implantó el IVU, se suponía que de alguna manera se subsanara la deuda, pero no fue lo que ocurrió.

“La línea de crédito que se creó (con el IVU) se siguió utilizando y desde entonces seguimos pagando; despedimos personas y seguimos con el mismo problema. Decían que el IVU iba a ser tan bueno pero no contemplaba la falta de buena gobernanza”, indicó la economista.

Con un crédito degradado se afectan los planes de retiro, así  que quienes los tienen podrán ver una merma en sus activos.

Si el Gobierno se reduce, se puede anticipar una disminución en los servicios que ofrece a los ciudadanos. Proyectos que se quedan a mitad y planes que no se concretarán.

Si se aumenta el IVU, el efecto cadena será que subirán todos los bienes de consumo, lo que significa un empobrecimiento todavía mayor.

“Los demás países pueden renegociar las deudas y piden un plan de pago más ajustado, pero por la Constitución, Puerto Rico tiene que pagar los intereses de la deuda”, declaró Quiñones.