La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, denunció hoy que el gobierno no debe escudarse detrás de un proyecto de libertad religiosa, que ya está protegida por la Constitución de Puerto Rico, para discriminar contra sectores de la sociedad como la comunidad LGTTBQI.

Los proyectos que se discuten en la legislatura impondrían las guías sobre la libertad religiosa que permitiría que una persona evite cumplir con una ley o cualquier norma impulsada por el gobierno si entiende que violenta sus principios religiosos y prohibiría las terapias reparativas o de conversión.

“No se puede estar con Dios y con el diablo. Tienen que decidir si están del lado de la equidad y la justicia o si están en contra”, sostuvo Cruz Soto, durante una conferencia de prensa en la que se anunció que la Legislatura Municipal aprobó una ordenanza que autoriza la cesión de la titularidad de una propiedad ubicada en la avenida Américo Miranda a la organización Waves Ahead para ser utilizada como sede para brindar apoyo y fortalecer a las comunidades de adultos mayores LGTTBQI.

“No hay necesidad de esconderse tras el manto de la protección de la libertad religiosa. Está protegida por la Constitución de Puerto Rico y por la Constitución de los Estados Unidos. Lo que pasa que por un lado dicen que no creemos en las terapias de conversión, pero entonces vamos a darle el poder a ciertos grupos a realizar terapias de conversión y a discriminar en contra de la comunidad LGBTTQ”, sostuvo la también aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

A su vez, contó que cuando se hizo el anuncio de la inauguración hoy, martes, del primer Centro de Ayuda para el Adulto LGTTBQI en Puerto Rico para mejorar su calidad de vida, recibió numerosos mensajes de odio, entre ellos advirtiendo que se estaría discriminando contra otros sectores, lo que expresó es incorrecto debido a que cualquier ciudadano que necesite de los servicios que se ofrecen es bienvenido. 

“Aquí hay una comunidad que le está marcando la ruta a la legislatura del país, no es una ruta de discrimen, sino una ruta de justicia, dignidad y de inclusión… la liberta religiosa está protegida ya por la Constitución de Puerto Rico eso es como el eufemismo, la mentirita que se dice para tratar de vestir la cosa de lo que no es”, acotó Cruz Soto.

De su lado, el presidente de la Asamblea Municipal de San Juan, licenciado Marcos A. Rigau, opinó que la actual administración pretende violar la constitución y el principio de separación entre la iglesia y el estado con esta legislación.

“Lo que dice el sistema constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos es que el estado no puede discriminar ni a favor ni en contra de ninguna religión y esta legislación lo que hace es que trata de legalizar el discrimen a favor de unas religiones y en contra de otras personas y creo que esto es inconstitucional porque eso es una acción del estado para hacer legal un discrimen”, manifestó Rigau.

El centro inaugurado hoy está operando desde el 2018 en la Biblioteca Carnegie con unos 284 participantes y un presupuesto que proviene de donativos de otras organizaciones fuera de Puerto Rico de $150,000 anuales.

Wilfred Labiosa, director ejecutivo de Waves Ahead, por su parte, indicó que, aunque en Puerto Rico no existen estadísticas de la tasa de suicidios de miembros de la comunidad LGBTTQI, basándose en datos de los Estados Unidos puede estimar que en el 2018 entre un 9 a un 11 por ciento pertenecía a ese sector tras ser víctimas del aislamiento y de la soledad.

El centro brinda servicios de salud mental y legales entre otros.