El alcalde de Arecibo, Carlos Molina, se reafirmó en que su homólogo de Guaynabo, Héctor O’Neill, debe seguir en su cargo luego que fuera referido por Justicia a la Oficinal del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI)  por 20 posibles violaciones al Código Penal y a Ley de Ética.

Igual recomendación le hizo el lunes su abogado Joaquín Monserrate Matienzo que también lo exhortó a confiar en la justicia y a seguir “trabajando como lo ha hecho por tantos años”.

“La secretaria de Justicia (Wanda Vázquez) hizo su análisis ¿y qué hizo?, lo refirió al FEI. Ahora le toca al FEI hacer su trabajo. Esa es la alternativa. Ahora el FEI tiene que hacer su trabajo… hará lo que tiene que hacer, que es hacer la investigación”, sostuvo Molina, actual presidente de la Federación de Alcaldes, cargo que anteriormente ocupaba el mandatario de Guaynabo.

En cuanto a si O’Neill debe renunciar, Molina reiteró que “él tiene el derecho a esperar a que el FEI haga su investigación y adjudique lo que tenga que adjudicar”.

El lunes, Vázquez anunció que la investigación preliminar de esa agencia reveló 20 posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental por parte de O’Neill luego que trascendiera el posible uso de fondos públicos para transar una demanda por hostigamiento sexual, por $450,000.

Vázquez explicó  que “existe causa suficiente para  creer que el alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones a los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54 de Violencia Doméstica, que corresponden a maltrato psicológico y/o emocional contra persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual; maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual contra persona con quien sostuviera una relación consensual”.

Mencionó que otras tres violaciones responden a los artículos 135 y 136 del Código Penal, “correspondientes a acoso sexual y a exposiciones obscenas”.

La investigación preliminar, que se realizó en 56 días, también demostró, “causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal del 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos; además del artículo 255 del Código Penal de 2004, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos”.

La titular de Justicia mencionó que además surgieron posibles violaciones a cuatro instancias del artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, “porque un servidor público no puede utilizar sus deberes y las facultades de su cargo, ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.