Líderes políticos, grupos obreros, estudiantiles  y comunitarios apuestan a la desobediencia civil para frenar   la junta federal de control fiscal. 

Sin embargo, está por verse si en la Isla se repetirá un ambiente similar al que propició una movilización masiva éxitosa que culminó con la salida de la Marina de los Estados Unidos de Vieques.

Mientras, la primera línea de batalla para intentar que no se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que crea el organismo debe darse mediante un cabildeo intenso en la capital federal, dijo ayer el aspirante a comisionado residente del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer, quien también apoya la desobediencia civil.

  Si finalmente los Estados Unidos impone la junta, Ferrer propone que los funcionarios del gobierno estatal se nieguen a seguir las instrucciones  del organismo y que simultáneamente la  gente inicie actos de desobediencia.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, -que participó el miércoles en una reunión multisectorial en la que no se descartó la desobediciencia civil como mecanismo de lucha contra la  junta- dijo que esa actividad podría ser tan exitosa como en Vieques. 

“Si se  estructura, para que sea masiva, y se logra una cobertura internacional, claro que será efectiva”, sostuvo Cruz, quien mencionó que la idea es denunciar ante el mundo que Estados Unidos mantiene una colonia en el Caribe.

El candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, mencionó que igual que  en la lucha de  Vieques contra la Marina, ese tipo de protesta va a ir en aumento. En este caso, a medida que la gente “vea en la práctica qué es la junta”.

“En la playa La Yayí, de Vieques, empezaron unos cuantos. Luego fue que la desobediencia civil cogió impulso”, dijo Bernabe.

Mientras, líderes populares consultados por Primera Hora coincidieron en que el primer paso que debe tomar el próximo gobernador  de Puerto Rico es impugnar en  la legalidad la ley de la junta de control fiscal. “Ese estatuto va a violar todas las leyes federales; la Ley de Relaciones Federales y la Constitución de Puerto Rico”, expresó el aspirante a comisionado residente del PPD, Ángel Rosa.

El senador  dijo que apoyaría  la desobediencia civil, si la misma se  lleva a cabo de manera pacífica.

El legislador Antonio Fas Alzamora, mientras, opinó   que la desobediencia civil debe ser el último paso; que deben agotarse primero otras alternativas para evitar la aprobación del proyecto congresional.

Agregó que otra opción para crear una crisis que obligue a reconsiderar sería suspender las elecciones.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, reaccionó ayer al anuncio de las demostr aciones en contra de la junta federa  de control  advirtiendo que si esas personas buscan el bienestar de los  trabajadores, deben tomar en cuenta que sin la legislación congresional,  el gobierno de Puerto Rico “se cae en cantos” y  no se podrán honrar  las pensiones gubernamentales. “La Ley 66 -que restringió derechos laborales- se va a quedar chiquita”, dijo Pierluisi.