La Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) cuestionaron este miércoles la creación de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico para fiscalizar los procesos presupuestarios y los mecanismos de disciplina fiscal del Gobierno al señalar que resulta innecesaria y que podría generar duplicidad en la gestión gubernamental. 

El licenciado Héctor Mayol, director ejecutivo interino de la Cámara de Comercio, argumentó ante los miembros de la Comisión senatorial de Hacienda que el Proyecto del Senado 1513 -equivalente al Proyecto de la Cámara 2718- no establecería una junta con verdaderos poderes de control fiscal, sino que limita su campo de acción a funciones de revisión. 

“Una junta de control fiscal es una definición totalmente distinta”, manifestó Mayol cuando el senador José Nadal Power, presidente de la comisión legislativa, le preguntó sobre los criterios que tendría que reunir el ente propuesto para devolverle al gobierno la credibilidad necesaria para tener acceso nuevamente a los mercados financieros.

“Una junta de control fiscal tendría la potestad de impactar actividades de las agencias, mirando el presupuesto y requiriendo cambios. La medida no da esa potestad. Lo que hace (la junta) es informar al gobernador y a la Asamblea Legislativa el incumplimiento”, añadió el deponente. 

Sin embargo, previo a las preguntas del legislador popular, Mayol sostuvo que resulta innecesario crear una “junta criolla fiscalizadora” para cumplir los objetivos de la propuesta legislativa, y dijo que el Ejecutivo ya cuenta con entidades como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Planificación y el Instituto de Estadísticas que tienen entre sus responsabilidades asegurar que se cumplan metas similares a las que guiarían el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, que se crearía por virtud de la misma legislación y que deberá contar con el aval de la propuesta junta.

Mayol señaló que el país lo que necesita es adoptar un nuevo modelo económico, y destacó que la pieza legislativa no incluye nada en materia contributiva, un asunto que, según dijo, es crucial para mejorar el clima de negocios.

En tanto, Zulmarie Urrutia, presidenta del Colegio de CPA, manifestó que esa organización no se opone, en términos conceptuales, a la creación de una junta con independencia política que atienda los asuntos fiscales, pero coincidió en que el mecanismo propuesto no añade agilidad a los procesos y entidades existentes, y podría generar redundancia en la gestión pública.

“Las facultades que el proyecto reconocería a la junta ya existen dentro del marco habilitador de otros componentes del Poder Ejecutivo. El Colegio de CPA entiende prudente analizar si la constitución de la junta resulta en una duplicidad de esfuerzos que no añadan valor al proceso de análisis y disciplina fiscal propiciados por el plan”, aseveró Urrutia. 

Otro de los puntos que mayor reparo generó es la inmunidad que tendrían los cinco integrantes de la junta, que serían designados por el gobernador con el consentimiento del Senado. La medida exime a los miembros del organismo de la aplicación de 11 leyes que, entre otras cosas, regulan el comportamiento ético y las contrataciones en el gobierno.

“Dar inmunidad a los miembros y personas que trabajen para la propuesta junta, eximiéndoles de leyes que rigen la ética y las contrataciones, deja meridianamente claro que la junta no tendría que rendirle cuentas a nadie. Esto lacera toda credibilidad en los procesos y ante los mercados financieros”, subrayó Mayol.

Nadal Power, por su parte, defendió la creación de una junta independiente para examinar los procesos presupuestarios y fiscales, y anticipó que le incluirá enmiendas que no necesariamente estarían encaminadas a aumentar sustancialmente sus poderes, sino a garantizar su autonomía legal y política. 

El senador popular por San Juan destacó que, para dotar a la junta de la mayor estabilidad posible, es necesario que finalmente se apruebe un proyecto de consenso entre los tres partidos políticos principales, y no pudo garantizar que esos entendidos se logren antes del 12 de noviembre, último día de aprobación de medidas de la presente sesión legislativa. 

"Tiene que ser algo que tenga estabilidad y, por eso, si yo tengo que incorporarle enmiendas al proyecto de ley que permitan el apoyo del PNP y del PIP, y de cualquier partido que compita en las elecciones, estamos en realidad caminando en la dirección correcta", dijo Nadal Power.

“Estamos contra el reloj. Si se puede lograr en esta sesión alcanzar algún consenso, pues sería algo muy positivo, podríamos aprobar el proyecto, pero si tenemos que durar un poco más para lograr el consenso político y legal, la estabilidad política y jurídica que necesita la junta, pues se espera un poco más, pero lo importante es que surja del consenso del país, que tenga estabilidad y que pueda lograr esa credibilidad que necesita Puerto Rico”, puntualizó el senador en un aparte con la prensa.