La mayoría de los confinados que se beneficiaban de pases extendidos por condiciones de salud limitantes, como el que obtuvo Hermes Ávila Vázquez bajo un falso alegado de que era parapléjico y que padecía de VIH, fueron reingresados a prisión, reveló este martes la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.

Según reveló durante una vista pública del Senado, tras el incidente de Ávila Vázquez, culpable de feminicidio, a finales de abril pasado, quedaban 21 participantes de pases extendido. De estos, “se revocaron cuatro pases, se reingresaron a nueve, un participante cumplió término, uno falleció y otros seis participantes del programa se mantienen activos”.

De inmediato, la funcionaria indicó que del análisis que realizaron de estos confinados “nos encontramos que varios de ellos no habían cumplido con evaluaciones médicas periódicas que regula. Observamos que eran personas que estaban funcionando como ciudadanos normales en la comunidad”.

Señaló, además, que encontraron que uno de los presidiarios ya estaba sano y no padecía la enfermedad por la cual se le concedió el pase.

Ante este escenario, a la mayoría de los beneficiados se les revocó el pase o fueron reingresados a prisión.

Escobar Pabón informó que varios de los confinados a los que se les eliminó el beneficio han demandado al DCR por la decisión en su contra.

“El Departamento de Justicia se encuentra atendido en los tribunales tales demandas en representación” de la agencia, detalló.

Sin embargo, la secretaria dejó claro “que ya la concesión de pases extendidos por casos limitantes no existe”. Quedaron sin efecto mediante una nueva legislación aprobada tras el sonado caso de Ávila Vázquez, conocida como la Ley 154 del 2024.

El hombre, de 52 años, se encontraba en un pase extendido, porque supuestamente era parapléjico y padecía de VIH. Estando bajo este beneficio, Ávila Vázquez mató el 21 de abril pasado a Ivette Joan Meléndez Vega.

Cuando iba a ser arrestado, el sujeto salió corriendo, lo que dejó al descubierto que no padecía de paraplejia, como se había determinado oficialmente.

Específicamente, el hombre cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas.

EL DCR lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley Número 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, tras las cuestionables evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional.

Tras las investigaciones desatadas ante el escandaloso caso, Escobar Pabón informó a la Comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que recibió un informe de la empresa encomendada para evaluar la controversia, UTICORP, Inc, que estableció que “sobre el confinado Ávila Vázquez no se encontró evidencia que padeciera de HIV o de alguna enfermedad terminal, que no se encontró evidencia sobre un adecuado examen médico para identificar y corroborar el origen y la existencia de la alegada paraplejia del confinado, que el confinado tenía un patrón de rechazar tratamiento médico que no generó acción alguna de parte del equipo médico y se encontraron incongruencias e inconsistencias en la documentación provista por Physician Correctional”.

Destacó, además, que en el expediente del confinado, que se declaró culpable del feminicidio de Meléndez Vega y fue sentenciado a otros 102 años de prisión, se descubrieron “discrepancias, omisiones e inconsistencias que debieron haber alertado al panel médico” que evaluó a Ávila Vázquez para darle el pase extendido.

Para atajar estas situaciones, Escobar Pabón informó al presidente de la Comisión, José Vargas Vidot, que hay un plan de acción correctiva en “borrador”. Esperan que el Departamento de Justicia concluya la investigación que daría pasos a acciones criminales y civiles para introducir sus recomendaciones para reconfirmar dicho plan.

Además, recordó que destituyeron a una enfermera de Corrección que mantenía una relación sentimental con Ávila Vázquez. Mientras, otros ocho empleados están en un proceso administrativo “con la intención de destitución de sus puestos”, ya que intervinieron en el proceso de la concesión del pase y de su supervisión luego de que estaba en libertad.

“En lo que respecta a la recomendación de ‘prescindir de los contratos para trabajar en el Sistema Correccional’ de los médicos que evaluaron a Ávila Vázquez, responsablemente entendemos que debemos esperar por la conclusión de los procesos ante el Departamento de Justicia”.

En cuanto a la empresa que mantiene los servicios de salud de Corrección y evaluó a Ávila Vázquez a la hora de conceder este pase extendido, Physician Correctional, la secretaria también dijo que esperan que concluya la investigación criminal y civil que realiza Justicia para tomar una determinación sobre el contrato.

La empresa tiene un contrato activo con Corrección de $11,377,000 para este año fiscal 2024-2025.

“Es importante que tengamos conscientes que este tipo de servicio no es de fácil contratación y no existe una multiplicidad de empresas locales que puedan ofrecerlos. Cualquier acción que tomemos sobre el mismo pudiera afectar gravemente los servicios médicos de todo el sistema correccional. No obstante, estaremos impartiendo instrucciones para que se inicie un proceso de RFQ (Request for Qualifications) para identificar potenciales suplidores de tales servicios de manera que el Departamento esté listo para una posible transición si no se pudiera establecer un plan de acción correctiva adecuado con la empresa”, sostuvo la secretaria.