La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, se expresó esta tarde tras la acusación federal contra cuatro hombres por el alegado contrabando de cocaína que se ocupó en la cárcel Las Cucharas en Ponce el pasado martes.

Según la investigación de la fiscalía federal, la droga que estaba dentro de cajas rotuladas como productos de limpieza en un almacén no estaba destinada para la cárcel. La pesquisa tampoco apunta a que empleados correccionales estaban involucrados en el crimen.

“El comunicado emitido por la fiscalía federal en torno a la investigación sobre el hallazgo de 50 kilos de cocaína en un almacén destinado a guardar productos de limpieza en la institución Anexo Ponce Mínima, reafirma lo que inicialmente teorizó el Negociado de la Policía de Puerto Rico, de que este cargamento llegó por error a una institución correccional”, manifestó Escobar Pabón.

“La información provista por la fiscalía federal indica que ningún empleado del Cuerpo de Oficiales de Custodia ni ningún empleado civil está involucrado en la comisión de este delito. Ante el resultado de esta investigación de las autoridades federales, me reafirmo en reconocer la extraordinaria labor de nuestros empleados que detectaron de inmediato esta droga, lo notificaron y lo procesaron de la manera correcta. Con esta acción volvieron a demostrar su compromiso con un trabajo bien hecho”, agregó.

Los imputados a nivel federal fueron identificados como Francisco Rivera Rivera, Santiago Ramírez, Teddy Vergara López y Jonathan Castro Rivera. Estos enfrentan cargos por los delitos de conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína.

El valor estimado de la cocaína incautada es de $4,104,000, según la fiscalía federal.

“Es importante informar que el Departamento de Corrección y Rehabilitación culminó un proceso de revisión del manejo y recibo de mercancía en los tres almacenes principales de la agencia, los cuales están localizados fuera de las instituciones correccionales. Esto con el fin de incrementar las medidas de control, previo a la distribución de mercancía hacia las instituciones correccionales”, precisó Escobar Pabón.

“Se incorporaron medidas más rigurosas de seguridad que incluyen aumentar la revisión de almacenes con la unidad canina, un registro más detallado de las inspecciones y nos dirigimos a incorporar tecnología de avanzada como equipo con escáner. Asimismo el Departamento de Corrección y Rehabilitación, desde mayo, comenzó el proceso de compra de al menos 20 canes para reforzar la Unidad Canina”, aseguró la secretaria.