La subsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Charlene Rivera Agosto, negó esta noche las alegaciones de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, quienes alegaron que el secretario de la agencia, Eduardo J. Rivera Juanatey, haya violentado el derecho a la libre expresión e intervenido con los derechos sindicales de sus empleados.

Las expresiones surgen luego que la unión rechazara en la mañana del viernes la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de nombrar al secretario de Corrección como juez superior.

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“Es lamentable que una de las organizaciones que representan personal de la agencia, se valga de la nominación del Secretario a un puesto en la Judicatura para divulgar información falsa y tergiversada y proteger los intereses de una sus dirigentes. Lejos de representar los intereses de los empleados, a los que estos se deben, las expresiones de la Unión solo tienen el fin de crear desasosiego, confundir y desalentar la importante gestión que realizan a diario nuestro cuerpo de oficiales”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

Los Servidores Públicos Unidos alegaron que Rivera Juanatey “carece del temperamento judicial para ejercer un cargo como juez” y manifestaron haber sido testigo de que el secretario suspendió de empleo y sueldo a la presidente de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez “por denunciar ante los medios noticiosos del país las determinaciones del patrono que estaban exponiendo a los oficiales a mayores riesgos”.

No obstante, Rivera Agosto mencionó que la amonestación no se emitió bajo las premisas alegadas por el sindicato.

“El contenido de la amonestación citado por la unión fue seleccionado acomodaticiamente para excusar las acciones de la Sra. Martínez, y cubrir las violaciones de esta a las normas, reglamentos de la agencia y a sus propias funciones. La Sra. Martínez ha estado por meses realizando expresiones en los medios. En ningún momento, la agencia ha cuestionado las mismas ni mucho menos ha intervenido con ella mientras se tratase de asuntos circunscritos a sus deberes o reclamos dentro de su función como representante de la unión”, dijo la funcionaria.

“Sin embargo, la agencia se vio obligada a tomar acción cuando en más de una ocasión, esta emitió expresiones falsas y/o que atentaban contra los protocolos de seguridad de la agencia y peor aún, que podrían poner en riesgo a sus propios compañeros. En más de una ocasión, esta divulgo información, que además de ser falsa, alteraba el clima de población penal y sus familiares en medio de una situación tan sensible como lo es la pandemia que nos afecta. La Sra. Martínez, por ocupar un cargo en una unión, no puede reclamar un trato distinto al de sus compañeros oficiales. Esta no está por encima del deber ni las responsabilidades que juró defender cuando decidió llevar el uniforme de Oficial Correccional”, añadió Rivera Agosto.