La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, detalló las acciones y medidas cautelares tomadas por la agencia al inicio de la investigación del polémico caso de Hermes Ávila Vázquez, acusado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, luego de que la agencia le permitiera estar en libertad, aunque purgaba una sentencia de 122 años.

En una comunicación escrita, Escobar indicó que el DCR “está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas en todas sus operaciones”.

“Con relación al caso de Hermes Ávila Vázquez, queremos informar que hemos conformado un equipo de trabajo con la Oficina de Investigación del Sistema Correccional para que, en un término de 30 días presente los hallazgos de esta y poder referirlos al Departamento de Justicia, tomar medidas correctivas y fijar responsabilidades, entre otras acciones”, dijo Escobar Pabón.

Las acciones tomadas son las siguientes:

• Hoy se inició el proceso de revocación del pase extendido bajo Ley 25 a Hermes Ávila Vázquez con la celebración de una vista inicial en la institución Bayamón 705 ante un oficial examinador de la División Legal - oficina de disciplina de confinado - y un técnico sociopenal de Programa de Desvío.
• Ya inició la investigación administrativa por parte de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC).
• Se les instruyó a asignar a los agentes investigadores de mayor experiencia en atender estos asuntos y concluir la investigación en 30 días. Una vez completada la misma se compartirán los hallazgos con el Departamento de Justicia.
• Se le solicitó a Physician Correctional copia fiel y exacta del expediente médico del confinado para proceder a auditar el mismo.
• Se tramitó solicitud de copia certificada del expediente médico del confinado a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, entidad que también le prestaba servicios médicos.
• La compañía UTICorp ya comenzó a auditar el expediente médico completo de Hermes Ávila. Esto incluye aspectos de salud física, dental o mental, así como, laboratorios, pruebas sicológicas, estudios especializados, tratamientos y cualquier otro documento médico pertinente a la Ley 25. Esta compañía precisamente tiene un contrato en la agencia para auditar expedientes médicos y servicios de salud prestados a la población correccional.
• Se impartió instrucción a la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios a conformar Comité Evaluador de reglamentos y normativas vigentes sobre este privilegio, a los efectos de actualizar los mismos y que contengan regulaciones rigurosas para el proceso de concesión.
• Se solicitará al Secretario de Salud, que, como ente regulador de salud pública, su análisis y recomendaciones en aspectos a ser revisados y actualizados en la aplicación de la Ley 25, relacionado a problemas de salud con prognosis de vida corta y condiciones fisiológicas limitantes.
• Se solicitó y se recibió copia del expediente social de supervisión en comunidad.
• Se solicitaron y se recibieron los expedientes sociales y criminal procedentes de la institución correccional de donde el confinado fue excarcelado.
• Se ordenó la instalación de brazalete electrónico de todos los participantes bajo este Programa de Pase Extendido por Condición de Salud.
• Se ordenó la suspensión de concesión de privilegio hasta el 8 de mayo de 2024. De ser necesario, se extenderá este periodo. (Casos nuevos bajo evaluación).
• Se elevó a la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios la delegación de autoridad.
• La empleada (enfermera) señalada con vínculos no profesionales con el confinado, fue emplazada en la tarde del 24 de abril y fue asignada a trabajar en otra facilidad de manera que no pueda tener contacto con el confinado.

“Una vez concluya la investigación estaremos en la posición de aplicar sanciones disciplinarias contra cualquier funcionario público o contratista a quien se le impute negligencia en el cumplimiento de su deber o haya incumplido con las regulaciones para atender este privilegio”, concluyó la secretaria.