Unos 200 de los 250 empleados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se ausentaron hoy a sus labores en señal de protesta tras no aprobarse por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) un aumento de $1,000 que les había prometido el gobernador Pedro Pierluisi que se les concedería a partir del presente año fiscal 2022-2023.

Así lo informó en entrevista con Primera Hora el delegado de la Unión de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Carlos Vélez, la cual representa a los empleados del ICF, al hacer la salvedad de que los empleados se ausentaron presentando un certificado médico de tres días. Solo acudió a trabajar el 20% de la plantilla. De inmediato, hubo una reunión entre la secretaria de la Gobernación, Noelia García, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco y la directora del ICF, María Conte Miller, para buscar una solución inmediata al asunto que dejó inoperante el lunes a la agencia.

“Hay que señalar que la unión no puede exhortar a huelga ni paros porque nos descertifican, pero si los empleados están agotados y cansados pueden tomar un merecido descanso y eso es lo que ha sucedido aquí. Ellos están agotados física y mentalmente porque le siguen aumentando los trabajos, pero no el sueldo. Y nosotros los estamos apoyando siempre y cuando lleven su certificado médico”, aclaró de entrada el portavoz de los unionados.

La Ley 45 de Sindicación de Empleados Públicos, en su sección 4.7 (C) establece que se descertificará una organización sindical como representante exclusivo a solcitud de la agencia o de cualquier persona de incurrir en una serie de violaciones, incluyendo “promover, decretar o realizar huelgas o paros, o cuales quiera otras actividades que conlleven la interrupción del trabajo o los servicios, o negarse a realizar sus funciones o labores, o disminuir la frecuencia o cantidad de trabajo incluyendo la llamada ‘huelga de brazos caídos’ en cualquier agencia, oficina o programa del Gobierno de Puerto Rico”.

Según el líder de la unión el malestar colectivo entre empleados del ICF surge ante la frustración que sienten al no cumplirse con la justicia salarial que el gobernador incluyó en el presupuesto enmendado, pero que la JSF finalmente denegó.

Parte de los fondos que objetó y no aprobó la Junta son $2.7 millones para el aumento salarial de los empleados del ICF. Tampoco aprobó $1.1 millones para el reclutamiento de personal, aún cuando la directora de la dependencia, María Conte Miller, ha afirmado de manera consistente durante el último año el riesgo de fuga que esto supone y la precariedad que hay para cubrir las plazas vacantes de personal de difícil reclutamiento. Según la patóloga forense, el ICF opera actualmente con normalidad y descartó que haya alguna crisis. Sin embargo, está maniatada de poder aumentar el salario a los peritos de la agencia o reclutar nuevo personal, si no aprobaban los $3 millones que reclamaba en el nuevo presupuesto para estos fines. El presupuesto vigente era de $16.7 millones y el sugerido por la agencia era de poco más de $20 millones.

“El aumento se prometió y para sorpresa de nosotros cuando la Cámara aprueba el presupuesto ya la Junta de Supervisión Fiscal había certificado su presupuesto y en ese no estábamos contemplados. Y esa movida nos parece bien injusta porque sí hubo aumentos para empleados del Departamento de Corrección, para los Bomberos, para los de Educación y los Técnicos de Emergencias Médicas y para nosotros, que somos la columna vertebral del sistema de justicia criminal en este país, no hubo nada. Nos dejaron fuera”, planteó Vélez.

Especificó que desde enero se han cursado misivas a los miembros de la JSF explicando los riesgos que conlleva no atender las denuncias e, incluso, han solicitado reuniones, pero todos los esfuerzos han sido ignorados.

“Esto es bien serio porque desde el 2019 hasta el presente se han ido 60 peritos de diferentes áreas. Renuncian por el salario tan bajo que reciben y se van a la empresa privada o para Estados Unidos porque allá los sueldos son dos o tres veces más que lo que paga el gobierno. Y esto es un gran riesgo porque estamos hablando de personal especializado que una vez es reclutado tiene que pasar por un entrenamiento antes de empezar a ejercer sus funciones”, sostuvo.

A modo de ejemplo mencionó que un serólogo o químico forense gana en Puerto Rico $26,556 al año, mientras en Florida gana $50,948 o en California devenga $62,282.

“Los entrevistadores forenses aquí ganan $18,960 mientras que en Estados Unidos ganan entre $22,000 y $25,000. Y un examinador de armas de fuego o un investigador forense aquí ganan $24,000 y en Florida 50,000 o en California $62,000″, puntualizó.

Los empleados de la unión han hecho la salvedad de que la directora del ICF ha apoyado públicamente el aumento salarial de los empleados.

“Nos quitamos el sombrero porque ella ha dicho públicamente que se necesita ese aumento de $1,000 para evitar el éxodo de empleados. Inclusive, sabemos que está hoy reunida en Fortaleza y estamos en espera de ver qué le dicen. Sabemos que el dinero está y se puede sacar de otra parte. Nosotros somos importantes para mantener los casos en los tribunales, eso es lo que hay que analizar. Si se consiguieron $4 millones para los cabilderos de la estadidad, también se deben conseguir para los empleados del ICF. Aquí lo que hay que mirar es que hoy estos 235 empleados están descansando, pero una próxima ocasión puede ser que renuncien a la agencia y la dejen inoperante”, sentenció Vélez temprano en la mañana del lunes.

Gobernador autoriza uso de fondos para salario de empleados

Ante lo acontecido y el riesgo que supone que la agencia quedó inoperante debido al ausentismo masivo de empleados, la doctora Conte Miller se reunió con los funcionarios antes mencionados en La Fortaleza, y se indicó que el gobernador autorizó el uso de fondos federales para cumplir con el aumento de sueldo para empleados del ICF.

“Estoy dando la directriz para que se asignen $3 millones de fondos federales que tenemos disponibles. Ese aumento de fondos al Instituto ya estaba contemplado en el presupuesto que sometí a la Asamblea Legislativa para garantizar que el ICF pueda continuar cumpliendo con sus estándares de servicio lo que ha permitido que obtenga diversas acreditaciones necesarias. Además, recientemente firmé una medida para otorgar independencia administrativa al ICF, por lo que la agencia no entrará en el Plan de Clasificación y Retribución que proveerá aumentos a la mayoría de los servidores públicos en enero de 2023 y tendrán que hacer un Plan propio”, indicó el Primer Ejecutivo en declaraciones escritas. Cabe señalar que el presupuesto sometido por Pierluisi a la Asamblea Legislativa no fue aprobado a tiempo, por lo que la JSF certificó un presupuesto que dejó fuera lo contemplado por el Ejecutivo.

En entrevista con Primera Hora, la directora del ICF dijo sentirse “satisfecha” con el compromiso realizado por el mandatario.

Acotó que Pierluisi impartió instrucciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que haga un nuevo planteamiento ante la Junta para asignar los fondos estatales en el próximo presupuesto, pues esto brindará estabilidad y efectividad al ICF.

“La disponibilidad de los fondos, entiendo, que es inmediata. Claro, para hacer un desembolso hay que hacer unas gestiones administrativas, pero entiendo que es algo que no va a tomar más allá de una quincena”, expresó Conte Miller.

Sin embargo, no pudo garantizar que habrá un aumento de $1,000 para los 250 empleados de la agencia pues, inicialmente, se otorgará una compensación “por condiciones extraordinarias de trabajo”.

“Lo más importante es que se hará un plan de retribución y clasificación, pero debido a la complejidad de esa tarea, en lo que se hace ese plan, se otorgará una cantidad por condiciones extraordinarias de trabajo. Aquí lo importante es que hay una solución definitiva y no es algo temporal”, aseguró.

Explicó que entrará en conversaciones con los representantes de los empleados unionados para explicar el proceso que se seguirá. Especificó que el plan de clasificación y retribución de los empleados del ICF se hace comparando lo que se gana cada persona que trabaja en la agencia en el mercado laboral de Estados Unidos.

“Cuando se haga ese plan pudiera ser que algunos obtengan más de $1,000 de aumento y otros estén un poco rezagados para llegar a esa cantidad... aquí los cálculos dependen de la complejidad de las funciones que esa persona realiza. Por ejemplo los compañeros de balística o serólogos tenemos que compararlos con los de laboratorios similares a los nuestros en Estados Unidos porque no tenemos con quiénes compararlos en esta jurisdicción”, señaló.

Actualmente, el ICF tiene disponibles 10 plazas de investigadores forenses, cinco de balísitica, cinco de químicos, tres de patólogos y algunos puestos técnicos y administrativos.

“Entiendo que la situación está resuelta y tenemos que seguir adelante todos unidos y yo sé que hay una buena fe de parte de todos los componentes de este proceso. Este no solo es un asunto de equidad y justicia salarial, sino que la agencia se convierte en un patrono competitivo para atraer el talento que necesita para poder brindar un buen servicio a los tribunales, al sistema de justicia criminal y a los familiares de las víctimas”, acentuó la patóloga forense.

Por su parte, el líder de los unionados expresó gratitud ante el anuncio del gobernador, pero aclaró que la preocupación de los empleados es que el aumento “sea temporal y no recurrente”.

“Estamos esperando que la administración nos explique si esto es solo un parche o si este aumento será uno recurrente. Solo eso evitaría el éxodo de empleados. Si están los fondos para que se haga el plan de retribución y clasificación y ese aumento sea uno recurrente, estaremos completamente satisfechos porque las metas y objetivos se cumplieron”, manifestó Vélez, al augurar que los empleados retornarán a sus puestos inmediatamente.