El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró el miércoles una segunda vista pública virtual donde expusieron su punto de vista los defensores de los dos proyectos radicados que buscan definir el mecanismo que podría utilizarse para aclarar el futuro político de Puerto Rico.

En el Congreso federal tiene ante su consideración el proyecto 1522 —del demócrata Darren Soto y la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González— que establecería otro referéndum de estadidad sí o no; mientras, el 2070 —de las congresistas boricuas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez— propone una convención de status y un referéndum de alternativas no territoriales.

“Reconozco la responsabilidad de este Comité de desempeñar un papel protagonista y constructivo en la resolución de este tema, que es una prioridad para el pueblo de Puerto Rico. Por esta razón, me comprometo a hacer avanzar este proceso. El Comité se acerca a un punto en que tiene que tomar decisiones, que es lo que los residentes de Puerto Rico esperan y merecen”, manifestó en su turno inicial el el presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva, reseñó El Nuevo Día.

Por su parte, la novoprogresista opinó que su medida es la “única compatible con la Constitución y leyes de los Estados Unidos”.

“El H.R.1522 no impone ni fuerza la estadidad al pueblo de Puerto Rico. Nos da poder, ya que tendríamos la última palabra sobre el asunto a través de nuestro voto, el único proceso de autodeterminación verdadero y probado. El proyecto de ley sigue el precedente establecido para Alaska y Hawaii, estableciendo un proceso vinculante y autoejecutable para admitir a Puerto Rico como Estado en caso de que la mayoría de los votantes lo favorezca”, manifestó la funcionaria al comienzo de la vista.

Sin embargo, hace dos días, salieron a relucir las remomendaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en torno a los dos proyectos. Y, en el caso del de Soto y González, la agencia federal expresó que la medida da una falsa impresión de una inmediata admisión del País como estado de la nación norteamericana. Además, de que carece de un proceso de transición a la estadidad.

Por su parte, Justicia federal indicó que el proyecto radicado por Velázquez y Ocasio Cortez deberá incluir el status teritorial. También, catalogó como inconstitucional el hecho de obligar a un Congreso futuro a aceptar la determinación que surja de la convención de status.

La agencia fue específica en puntualizar que las opciones no territoriales son: estadidad o independencia.

“Puerto Rico es una nación colonizada”

En su turno, el excongresista demócrata Luis Gutiérrez trajo a colación la limitada cantidad de boricuas que votaron por el “Sí” en el pasado plebiscito las pasadas elecciones generales. Y es que, aunque la estadidad obtuvo el 52.5% (655,505 votos), en el proceso solo participó el 54.72% del electorado puertorriqueño, de un total de 2,355,894. Eso se traduce en que solo el 27.8% de los boricuas aptos para votar eligieron la estadidad.

Además, Gutiérrez catalogó a Puerto Rico como “una nación colonizada” y que muchos puertorriqueños no estarían dispuestos “a renunciar o cancelar nuestra nacionalidad”.

Asismimo, rechazó el hecho de que el proyecto de Soto y González excluyan la opción de la independencia u otras alernativas.

“No puedes perder si no permites la competencia... No podemos descolonizar a Puerto Rico sin un proceso genuinamente democrático e inclusivo”, dijo Gutiérrez, según El Nuevo Día.

“Los electores que votan deciden”

No obstante, Christina Ponsa Kraus, profesora de la Escuela de Derecho de Columbia University, rebatió algunos de los argumentos presentado por el excongresista.

Por ejemplo, defendió el proyecto de Soto y González porque cree que en el “No” se encuentran contenidas las otras opciones no territoriales. Aunque también reconoció la posibilidad de un referéndum con “todas las opciones constitucionalmente válidas”.

Además, abogó porque no se mirara el poco margen de victoria del “Sí” a la estadidad en noviembre y la baja cantidad de boricuas que eligieron la estadidad, en comparación con el total del electorado en Puerto Rico.

“En una democracia, los electores que votan deciden el resultado”, indicó.

Opiniones de Justicia “no obligan al Congreso”

Por otro lado, Rafael Cox Alomar, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, resaltó que las recomendaciones del Departamento de Justicia federal no pueden “vincular ni obligar al Congreso”, quien, conforme a la Constitución de Estados Unidos, es la rama de gobierno que tiene poderes plenarios sobre los territorios.

“La resolución del estatus de Puerto Rico no es tanto un asunto legal, sino uno político”, sostuvo Cox Alomar.

Asimismo, indicó que el el Tribunal Supremo de Estados Unidos y no el Departamento de Justicia federal quien posee el poder final de interpretar la Constitución.

“Cabe señalar, además, que aun cuando el territorio es una opción de status constitucionalmente viable, la Constitución no requiere que se le incluya en la papeleta. Su inclusión o rechazo es una determinación que queda a la discreción del Congreso como cuestión de política pública y no como una cuestión constitucional”, apuntó el profesor.

Otros deponentes fueron: Andrés Córdova, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien defendió el referéndum estadista; Annette Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana, que resaltó que las naciones colonizadoras, como Estados Unidos, tiene el deber internacional de lograr que sus territorios lleguen a un autogobierno independiente; y la reverenda Carmen Cabrera, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quien se manifestó en contra de la convención de status.

El profesor José Caraballo Cueto hizo una ponencia como economista, sin identificarse con alguna de las medidas.